La lucha contra el cambio climático en la comunidad cuenta con una nueva herramienta de colaboración institucional con el objetivo de «promover iniciativas orientadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero». El Consejo Aragonés del Clima, que se oficializó ayer en el BOA apurando la legislatura, centrará su actividad en los denominados «sectores difusos» en los que se produce el Co2 como son el transporte y la movilidad, la actividad agroganadera y los sectores residenciales o comerciales. Además de la industria no perteneciente a los sectores no regulados o a los que se dedican a la gestión de residuos.
El Consejo Aragonés del Clima, que dependerá del departamento de Desarrollo Rural, forma parte de la Estrategia Aragonesa del Cambio Climático Horizonte 2030 (EACC 2030), un plan por la sostenibilidad presentado en el final del mandato del Gobierno de Aragón que previsiblemente desarrollará mediante 152 acciones concretas. Lo hará dentro de un escenario estatal y europeo, con unas pautas que obedecen a los propios objetivos que España y la UE se plantean en su agenda para las siguientes décadas. Sin embargo, la situación política actual podría poner en riesgo esta iniciativa, que tiene el consenso de los colectivos.
El nuevo organismo servirá para asesorar al siguiente Gobierno de Aragón en todo lo relacionado con la «mitigación y adaptación» al cambio climático en la comunidad, informando «con carácter consultivo no vinculante» sobre las competencias de los distintos departamentos relacionados con la materia.
Además sus integrantes podrán formular «cuantas propuestas y dictámenes puedan considerarse de interés» en relación con el aumento de los gases de efecto invernadero.
Esta actividad deberá concretarse en un informe anual que refleje una valoración sobre el estado, la evolución y la eficacia de todas las políticas públicas destinadas a evitar el calentamiento global.
La actual DGA se ha puesto como reto reducir hasta en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a los datos de 1990), un 26% las emisiones difusas y también aumentar hasta el 32% la contribución de las renovables al consumo energético total en el territorio. El próximo consejero que tenga competencias en la materia decidirá cómo dotar presupuestariamente este organismo.
