Más de dos años ha habido que esperar para ver lo que hoy se va a producir en la reunión del Gobierno de Zaragoza: la aprobación de los pliegos de condiciones para sacar a concurso el nuevo contrato para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Lleva prorrogado todo este tiempo y la última adjudicación data del 2007, pero por fin se inicia la tramitación para sacarlo a concurso a principios del próximo año. Finalmente se harán dos lotes, como hasta ahora, pero su duración será mayor para favorecer una inversión inicial en la puesta a punto de las zonas más deterioradas y se buscará abaratar costes, aunque el precio máximo de licitación será similar a los actuales. Eso sí, con el doble de superficie que mantener desde el último concurso.
Como ya adelantó este diario, el objetivo es abaratar costes y la previsión que se maneja --aunque el Gobierno municipal ni quiere ni puede confirmarlo-- es que se reduzca el gasto para las arcas municipales en un mínimo del 15% sobre el precio actual. Ayer, el vicealcalde, Fernando Gimeno, solo adelantó que "seguro" que se producen "bajas importantes" en las ofertas económicas que presentan las empresas candidatas. Según dijo, por la tendencia que presenta el mercado y la competitividad.
Una previsión radicalmente distinta a la que tiene el PP, cuyo portavoz adjunto, Pedro Navarro, solicitó ayer que la nueva contrata esté suficientemente dotada económicamente, ya que, según dijo, la deuda actual con las empresas que prestan este servicio alcanza los cinco millones de euros por infradotar esta partida en el presupuesto. Y es que apuntó que se presupuestaron 10,3 millones para este y lo que se gasta ronda los 15,5 millones al año, 12,94 en el caso de las zonas verdes que mantiene FCC en la margen derecha y otros 2,5 en las de la margen izquierda, que lleva Umbela.
Navarro aludió al plan de pago a proveedores para justificar este desequilibrio, ya que "reveló que el coste real anual supera los 15 millones de euros" ya en el 2011 que se tuvieron que completar con el crédito del ICO que permitió el Gobierno central. Un "agujero" que viene provocado por haber pasado de los 3,8 millones de metros cuadrados de superficie a mantener en el momento de la adjudicación, a los 6,1 que hay ahora, tras la Expo, un 60% que nunca se ha visto reflejado en las cuentas.
