El Gobierno de Zaragoza quiere impregnar de velocidad el proyecto de viviendas contemplado para Averly. El primer paso lo dará este viernes, cuando aprobará el proyecto de reparcelación y el de urbanización de la antigua fundición donde se van a construir alrededor de 200 viviendas. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, así lo anunció durante la comisión de su área ayer después de que se aprobase el convenio entre el consistorio y la propiedad del suelo por el que el ayuntamiento vende a Brial una parcela de suelo de 290 metros cuadrados que necesitaba para acometer el proyecto y que se ha sellado por 600.000 euros. Una maniobra que contó con los votos a favor de PSOE y Vox, y en contra de Podemos y ZeC.

El concejal explicó que se ha alcanzado un acuerdo con la promotora que no modifica el proyecto inicial ni la catalogación. Los ingresos se recibirán monetariamente y no a cambio de locales o propiedades. Serrano lo justificó explicando que lo que necesitan las arcas municipales es dinero y no más establecimientos, teniendo en cuenta que ya existen un gran número de locales vacíos. No obstante, puntualizó que esto no significa que se vaya a renunciar a construir el ansiado museo con elementos históricos de la fundición.

El concejal también señaló que se ha llegado a un acuerdo con la promotora para que los trabajos, sin fecha de inicio, se hagan por fases. Y que, además, se tenga en cuenta que todavía hay una persona que reside en el lugar, a quien hay que darle una alternativa habitacional.

El concejal de Podemos, Fernando Rivarés, acusó a Serrano de ser el «mayordomo de los poderosos de Zaragoza» y de hacer un proyecto que solo le gusta «al cliente». «Van a perpetuar la destrucción de un importante patrimonio de la ciudad. Ahora ya no hay solución», lamentó. Por su parte, el concejal de ZeC, Pedro Santisteve, habló del «urbanismo a la carta» que, a su juicio, desempeña el actual equipo de Gobierno. «Hay una evidente y palmaria desigualdad de trato», afirmó, también a modo de crítica hacia los poderosos. El que fue alcalde durante la anterior legislatura recordó que PP, Cs y PSOE votaron en contra de la recomendación del entonces Gobierno que dirigía para «proteger un bien patrimonial» y cuestionó que el convenio firmado con la empresa esté pensado «para favorecer el interés de público». Santisteve solicitó la retirada del expediente sin éxito porque solo contó con el apoyo de Podemos.