El consejero de Ordenación del Territorio, Antonio Suárez, explicó que las dificultades económicas que atenazan a las administraciones locales explican la proliferación de solicitudes. Asimismo, señaló que las ayudas están supeditadas al cumplimiento de la normativa que las rige, que indica, entre otras cosas, que las obras han de ejecutarse en un plazo de cuatro o cinco meses.
