La crisis del campo volvió a protagonizar ayer la sesión de control de las Cortes, con una pregunta del diputado del PP, Antonio Romero, al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, en la que este dejó muy claro que no es partidario de la regulación estatal de precios, que por otra parte tampoco está permitida. Garantizar un beneficio, afirmó el consejero, sería «el negocio del siglo» que atraería a los fondos de inversión contra los que se posicionó el PP. «Nos comprarían las hectáreas de 10.000 en 10.000», aseguró el dirigente, que por contra apostó por la Política Agraria Común (PAC) para compensar las pérdidas.

Romero planteó un problema de costes, en una pregunta centrada en la fruta dulce, pero cuyo debate era extrapolable a la agricultura en general. Al menos a la familiar, acotó Olona, que es realmente la que está en peligro, con solo un 9% de agricultores de menos de 40 años que puedan dedicarse en exclusiva al sector, y la necesidad de recoger hasta ocho kilos de fruta para pagar un cortado en el bar, según los ejemplos que puso Romero para evidenciar el estado de la cuestión.

«Sería absurdo e impresentable que dijera que no existe el problema», admitió Olona, que aportó datos para apoyar que el problema de las explotaciones pequeñas no está tanto en la producción como en la venta.

PROBLEMAS

El diputado popular desgranó los múltiples problemas que afectan a la campo, y que están llevando a movilizarse a los agricultores, algo que el consejero ya ha dicho que entiende y comparte. Romero afirmó que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «va a ser la puntilla» para el sector, «no porque los trabajadores no lo merezcan, sino porque los precios no lo permiten». Aludió también a la «competencia desleal» de otros países «que venden aquí», con unos controles mucho menores que los nacionales o usando productos fitosanitarios no autorizados en Europa.

Por ello apostó por ayudas al sector y garantías de que haya ganancias, «y si no puede usted, dígale al ministro Planas que lo haga», pidió a Olona. En su competencia, solo afeó que no se convoquen ayudas para la modernización agraria o que las subvenciones para seguros agrarios hayan descendido un 20%. En suma, Romero consideró que «no puede ser que el campo sea rentable para un fondo de inversión y no para un agricultor».

Olona se mostró de acuerdo con el análisis, pero no compartió la receta de la regulación de precios, pues a su juicio garantizar un beneficio no serviría más que para atraer a más fondos buscando una rentabilidad segura. Además, expuso, «el intervencionismo, en la Unión Europea, no cabe, y me sorprende que ustedes lo pidan». Recordó al hilo de este asunto, que Francia elaboró una legislación para regular los precios y el propio Tribunal Constitucional galo la echó abajo por contravenir la libre competencia.

Con estas bases, el consejero afirmó que la agricultura familiar, «rentable no ha sido nunca, y para eso está la PAC». Pero para que estas ayudas europeas sean efectivas, reiteró, lo que tiene que ocurrir es «que los fruticultores sean beneficiarios de pagos directos», y para eso hay que suprimir los derechos históricos, el pago consolidado por terrenos con independencia de la producción real.

La negociación, subrayó el consejero, está en este punto, particularmente en definir el concepto de «agricultor genuino», que debería ser el perceptor de estas ayudas por un trabajo y una producción reales. Un término que no es de su gusto, pero que es el que ha sido elegido para la discusión.

Olona participó anteayer en Madrid en una sectorial extraordinaria en la que el ministro Planas anunció que se promulgará de forma inminente una ley para evitar, cuanto menos, prácticas como la venta a pérdidas o las promociones con una merma del valor del producto.

VENTAS

El Gobierno de Aragón inyectó el año pasado 13,5 millones de euros para 47 organizaciones de productores en la comunidad, que vendieron mercancía por valor de 360 millones de euros, según los datos que ofreció el consejero Olona. «Son 7,6 millones por entidad, con eso no se puede ir a los mercados», analizó. «Lo que hay es un déficit de capacidad de comercialización, un problema estructural. En toda Holanda, por ejemplo, solo hay tres cooperativas», afirmó el responsable del área.