El vicepresidente del Partido Aragonés, Alfredo Boné, ha anunciado hoy, víspera del Día Mundial del Agua, que su partido buscará "el máximo consenso" en la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

Así lo ha anunciado Boné en una nota de prensa con motivo de la proposición de Ley que el PAR presentará para su toma en consideración en el pleno de las Cortes de Aragón del próximo jueves día 27.

El vicepresidente del PAR asegura que la ley "consolidará a Aragón en la vanguardia de la gestión del agua, con las máximas competencias autonómicas que permite la legislación estatal, desarrollando los preceptos del Estatuto de Autonomía contra los trasvases y con nuevas herramientas para la gestión de la reserva de agua, de uso exclusivo de los aragoneses, para atender las demandas presentes y futuras".

La Ley de Aguas y Ríos está contemplada en el programa electoral del PAR de las elecciones autonómicas de 2011, y está prevista en el Acuerdo de Gobernabilidad suscrito con el PP.

Esta proposición de Ley aboga por la encomienda de la Administración General del Estado a Aragón tanto de las obras hidráulicas de interés general como de una parte de las tramitaciones que actualmente se realizan por parte de los organismos de cuenca.

De esta manera, se propone que la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Aragonés del Agua, sea la competente para gestionar la tramitación de las autorizaciones en dominio público hidráulico hasta la fase de la propuesta de resolución, si bien la firma final de la resolución seguirá siendo de los organismos de cuenca, porque así lo determina la legislación básica.

Cataluña, País Vasco o Andalucía, según el PAR, ya tienen fórmulas de gestión administrativa similares.

En el caso de la reserva de agua, se propone que los informes que realice la Comunidad sean vinculantes.

La proposición de Ley especifica quién y cómo debe elaborar los informes preceptivos sobre los trasvases que prevé el Estatuto de Autonomía, que en este caso corresponde al Gobierno de Aragón, que lo elevará al parlamento autonómico para su aprobación definitiva.

Una iniciativa que propone ampliar los motivos de exención del impuesto sobre la contaminación del agua en determinados casos de viviendas aisladas y en autoconsumo, así como por circunstancias socioeconómicas, y también aborda aspectos de gobernanza y participación, con la Comisión del Agua de Aragón como órgano de consenso.

Asimismo se crea el Comité de Autoridades Competentes de Aragón en materia de Agua y trata otros asuntos como la sensibilización ambiental, la protección del patrimonio histórico y el fomento de usos sostenibles.

La ley prevé que las comarcas puedan elaborar sus propios planes para la gestión sostenible del agua, se prevé la obligatoriedad de instalar contadores, con un horizonte temporal fijado inicialmente para el año 2018, y se potencia que los ayuntamientos impulsen sistemas de ahorro, como son los circuitos cerrados en fuentes ornamentales.