El Partido Aragonés presentó ayer en solitario una proposición de ley para reclamar que Aragón tenga máximas competencias en la gestión hidráulica dentro de los límites que permite la legislación estatal y el Estatuto de Autonomía. Esta Ley de Aguas y Ríos de Aragón tiene además un claro mensaje político, ya que a final de la anterior legislatura también la presentó en solitario y no se tramitó por falta de tiempo.

En aquella ocasión, PSOE y CHA aceptaron que se tramitara y el PP se opuso. En esta ocasión, el PP debería aceptarla. Y no porque los postulados de hace tres años sean distintos a los de la iniciativa presentada ayer, sino porque los populares aceptaron que esta ley formara parte del Acuerdo de Gobernabilidad que firmaron con los aragonesistas para conformar el Ejecutivo autonómico vigente. Fruto de la importancia política que le da el PAR es que fue presentada ayer por cuatro diputados de la formación, Alfredo Boné, Antonio Ruspira, Joaquín Peribáñez y el propio presidente del partido y presidente de las Cortes, José Ángel Biel. Este aseguró que la ley tiene una gran importancia histórica "desde todos los puntos de vista" y afecta a las "ideas fuerza" con las que nació el PAR hace 37 años: autonomía, autogobierno, territorio y agua.

Los aragonesistas desean que el texto salga adelante con el máximo consenso y unanimidad, y aunque no lo han presentado de forma conjunta con el PP, los populares sí han visto el texto, que es en realidad una ampliación del que el PAR presentó cuando gobernaba con el PSOE y que entonces contó con el rechazo de los populares.

Los puntos principales de la ley abogan por la encomienda de la Administración General del Estado a Aragón tanto de las obras de interés general como de una buena parte de las tramitaciones que actualmente se realizan ante los organismos de cuenca en todo lo relacionado con autorizaciones en dominio público hidráulico, la protección de la reserva hidríca de uso exclusivo para los aragoneses y se matizan las características de los informes preceptivos que debería realizar Aragón contra cualquier trasvase.

Además, un impuesto sobre la contaminación de aguas sustituiría al vigente sobre el saneamiento y se incluirían exenciones fiscales en el caso, por ejemplo, de viviendas aisladas. Se crea el Comité de Autoridades Competentes de Aragón, un registro de Aguas y se reclama la gestión exclusiva de cuencas internas como ibones o lagunas endorreicas. Además, las comarcas pueden elaborar sus propios planes y se explicita que las reservas fluviales serán gestionadas por Aragón, como cualquier otro espacio protegido.