El ministerio fiscal solicitó ayer en la Audiencia de Zaragoza una condena de 10 años de prisión para Luis Martínez de Baños por un presunto delito de tráfico de cocaína. En la vista también fueron juzgados otros dos acusados, detenidos junto al anterior en una operación policial que se desarrolló el 19 de septiembre del 2003 en el término municipal de Alagón.
Martínez de Baños, que ya fue condenado por un delito similar cometido cuatro meses antes de estos hechos, fue sorprendido ese día tras haber recibido un paquete que contenía 986 granos de cocaína con un 38% de pureza. El sospechoso intentó eludir su arresto emprendiendo la huida, pero, cuando varios agentes interceptaron su vehículo. embistió presuntamente contra uno de ellos.
Por estos hechos también fue imputado por un delito de atentado y otro de conducción temeraria, por los que el fiscal pide penas de un año y ocho meses de prisión.
En el juicio compareció también como acusado Alberto Lloréns, presunto suministrador de la droga y en cuyo piso fueron hallados 1.036 gramos de cocaína y 1.600 de hachís, y José Antonio Santabárbara, detenido junto a Martínez de Baños. La fiscal pidió penas de 12 y 10 años, respectivamente.
La abogada de Santabárbara, Cristina Ruiz-Galbe, resaltó que era contradictorio que su cliente participara en la operación de tráfico. "De haber sido así, podía haber recibido la droga directamente", sin necesidad intermediarios. Solicitó la absolución, al igual que hicieron los letrados de los otros dos acusados, José Antonio Visús y José Luis Sancho.
La fiscal alteró sus conclusiones provisionales al señalar que la droga intervenida a Martínez y Santabárbara, tenía un bajo grado de pureza, por lo que no se podía hablar de "cantidad de notoria importancia". Alternativamente, solicitó para éstos dos acusados siete años de cárcel.
Martínez de Baños, que tiene pendiente un recurso contra otra condena de siete años de prisión por un delito similar, se ha visto implicado en los últimos años en varios conflictos de resonancia social, como el asesinato en 1997 del auditor del casino Montesblancos, Javier López Aldea, cuya imputación le fue archivada, y en los incidentes por la quiebra de la empresa Walthon, en los que actuó como guardaespaldas de los hermanos Arceiz.
