La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) evalúa denunciar ante la Comisión Europea el "continuo" aporte de fondos públicos que realiza el Gobierno aragonés a la sociedad Aramón para la gestión y desarrollo del sector de la nieve en la Comunidad.
Así lo asegura la asociación Naturaleza Rural, integrada en la PDMA, en un comunicado en el que afirma que el plan urbanístico elaborado para el valle de Castanesa y vinculado al proyecto de ampliación de la estación de Cerler (Huesca) es un "zombi jurídico" tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Para la plataforma, las ayudas del Ejecutivo aragonés a Aramón se enmarcan en la figura jurídica de ayudas de Estado, práctica, según esta organización, "prohibida por la normativa comunitaria y perseguida por la Unión Europea".
Tras señalar que la Ciudad de la Luz de Valencia fue obligada a devolver todos los fondos recibidos del Gobierno valenciano, la PDMA incide en la necesidad de "reorientar" el modelo de desarrollo del Pirineo y el "ruinoso planteamiento del negocio del esquí".
En relación con la resolución del TSJA, Naturaleza Rural lamenta la decisión del Gobierno aragonés de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y advierte de que cualquier actuación que se llevara a cabo al amparo del referido plan urbanístico podría originar al Ayuntamiento de Montanuy "graves" responsabilidades de ser rechazado el recurso.
La asociación, que responsabiliza al Gobierno aragonés de "forzar políticamente" a sus servicios jurídicos para recurrir la sentencia, niega además que el TSJA anulara el plan urbanístico por un "defecto de forma", ya que los magistrados señalan en su resolución que el documento "ignora" el alto valor ecológico de la zona afectada.
Consideran sus responsables, además, que la ausencia "injustificada" del trámite de una Evaluación Ambiental Estratégica "distorsiona profundamente" el contenido del documento para posibilitar el diseño de unas "desmesuradas superficies urbanizables".
"Plantear la redacción de un nuevo plan con las mismas superficies reclasificadas -subrayan a este respecto- es un verdadero disparate y demuestra la ignorancia supina del alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, considerándola como un mero trámite formal".
Desde la asociación se advierte, asimismo, que el referido plan urbanístico, que preveía la construcción de 4.053 viviendas en suelo urbanizable y un número indeterminado en el delimitado como urbano, está "seriamente amenazado" dado que la calificación de Interés General caduca el próximo mes de septiembre y la Declaración de Impacto Ambiental lo hace por segunda vez en diciembre.
A juicio de esta organización, los planes de Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy "solamente han conseguido dilapidar 30 millones de euros, que el municipio haya perdido 100 habitantes por el bloqueo de cualquier opción de desarrollo y desencadenar una marea especulativa que ha disparado los precios de casas, solares, prados y bordas".
