El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se escudó ayer en la caída de ingresos de 70.000 millones que se produjo en las arcas públicas tras la aprobación en el 2009 del modelo de financiación autonómica para sellar definitivamente cualquier esperanza de reforma del sistema de reparto vigente. Así lo comunicó a los medios tras su audiencia de verano con el rey en Marivent.

Pero tras esta coartada figura otra más clara y que ya había advertido su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para aparcar este debate: la clara disparidad de criterios que enfrenta a las comunidades, la mayoría de ellas del PP.

Rajoy cerró así el debate que su propio partido abrió nada más llegar al Gobierno y que pretendía acabar con el sistema que aprobó el Gobierno socialista. El modelo es malo, pero nadie sabe si hay otro mejor. Así lo han hecho saber también determinados técnicos con los que ha trabajado el Gobierno y las distintas declaraciones públicas de los dirigentes populares, también Luisa Fernanda Rudi, han dejado bien patente que las diferencias son insalvables y, a menos de nueve meses de unas elecciones autonómicas, se podría abrir una guerra en el partido que Rajoy quiere evitar a toda costa. A pesar de ello, en su mitin de la campaña electoral de las europeas en Zaragoza, un Rajoy poco convencido de sí mismo se comprometió al desafío que en ese mismo acto le había lanzado públicamente Rudi: a reformarlo y tener en cuenta las demandas de Aragón, comunidad que ha abanderado la reivindicación de que en el nuevo modelo primen criterios que hoy se tienen poco en cuenta, como la despoblación, el envejeciemiento y la orografía.

El ejemplo que se pone desde Aragón para defenderlo es gráfico: Atender la necesidades de una escuela en una sierra despoblada de Aragón cuesta cuatro veces más que en el centro de Zaragoza, donde los medios y las posibilidades son más baratas. Lo mismo sucede con comunidades donde predomina el espacio urbano o los fáciles accesos, con municipios más concentrados y menos dispersos. Pero este argumento

Por este motivo, el Gobierno del PP quiere compensar la ruptura de su compromiso atendiendo individualmente las necesidades de cada comunidad. Es decir, sustituir el actual rompecabezas con otro rompecabezas. Será también la forma más fácil de justificar la satisfacción de las demandas que planteó recientemente el presidente de Cataluña, Artur Mas a Rajoy, en la que pedía más inversión y dinero para tratar de deshacer el entuerto soberanista.

¿Cómo podrá contentar a Cataluña, Valencia o Madrid sin que eso suponga agravio para comunidades con otras necesidades y demandas, como Aragón, Asturias o Extremadura? Un misterio sin resolver que, posiblemente, desconozca hasta el propio Rajoy y su ministro Montoro.