El PP y el PAR han aprobado hoy el último presupuesto de la legislatura, que globalmente asciende a 5.254 millones, con un gasto de 4.654 millones de euros, 20 más que en 2014, y que la oposición ha rechazado al considerarlo irreal e inútil, además de continuista, ahondado en los recortes en políticas sociales.

Junto al presupuesto el pleno de las Cortes de Aragón aprobará también la ley de medidas fiscales y administrativas, más conocida como ley de acompañamiento, que incluye una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, la primera en veinte años de competencia autonómica sobre este tributo, que dejará en el bolsillo de los aragoneses 25 millones de euros.

Uno de los cambios respecto de las cuentas presentadas por el Ejecutivo, que han incorporado en ponencia 52 enmiendas y se han mantenido para el debate de hoy 1.332 y 82 votos particulares, es el aumento de la dotación de la Universidad de Zaragoza en 1,5 millones de euros y crear un fondo para poder ampliarla a lo largo del año pactado por los tres grupos de la oposición y el PAR.

Sólo el PP lo ha rechazo porque, según ha afirmado la diputada María José Ferrando, afectaría a partidas muy sensibles de la consejería, como la relativa a la contratación de auxiliares de educación infantil, cuando este Gobierno, ha dicho, se ha esforzado en no restarle un euro a la Universidad y su compromiso con la institución es "firme" y la voluntad de diálogo, "impecable".

Sin embargo, los portavoces de la oposición han negado que ese aumento suponga "vestir a un santo para desvestir a otro" y que ponga en riesgo programas de educación no universitaria como advirtió la consejera de Educación, Dolores Serrat.

Según ha manifestado el portavoz de CHA, José Luis Soro, los cuatro grupos han intentado solucionar los incumplimientos con la Universidad y el PP "se ha empeñado" en quedarse solo, intentado "intoxicar" a la opinión pública al asegurar cosas que no son ciertas, porque no se tocan las partidas que dice la consejera.

En ese sentido, Mayte Pérez, del PSOE, ha tachado de "vil, humillante" e "impensable" que Serrat haya dicho que esa cuantía va a impedir contratar a las auxiliares de infantil, generando una alarma en el colectivo y las familias. "¿Cómo puede jugarse en estos momentos de dificultad con el pan de las familias?", ha reprochado a la consejera.

Alfredo Boné, del PAR, ha destacado la "coherencia" de su grupo en el apoyo a la Universidad de Zaragoza y ha cuestionado que modificar 1,5 millones de euros de los 4,2 millones de más con los que dispondrá el año que viene el departamento de Educación sea una "catarsis", al tiempo que resaltado que el acuerdo con la oposición es serio y riguroso, pero no un "amago" de inestabilidad o división en el Gobierno.

Por su parte, Adolfo Barrena, de IU, ha pedido al PP que no haga "demagogia" porque si realmente de 1,5 millones de euros, el 0,16 por ciento del presupuesto de Educación, dependen programas como el bilingüismo o las auxiliares de infantil evidencia que se "cargan" la educación.

En defensa del presupuesto global, la diputada del PP Yolanda Vallés ha asegurado que el Gobierno a lo largo de la legislatura ha perseguido garantizar los servicios sociales y reactivar la economía y el empleo, aplicando principios de eficiencia y eficacia en el gasto, y que la estabilidad presupuestaria ha permitido cambiar el ciclo de recesión, con una previsión de crecimiento para el año que viene del 2 por ciento.

Ana Fernández, del PSOE, ha afirmado que se trata de unos presupuestos de un Gobierno que ha recortado "como ningún otro", que son una "prórroga" de los anteriores, unas cuentas de puro trámite, "irreales" y "electoralistas", con ingresos "inflados", lo que demuestra el "fracaso" de gestión de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, y la inactividad de un Ejecutivo "agotado".

Para Adolfo Barrena, de IU, el presupuesto es "inútil", como el Gobierno que lo ha presentado, y el certificado de una legislatura "fracasada", de un Ejecutivo que se va y que sólo ha conseguido incrementar la pobreza y los problemas de los ciudadanos, mientras que su grupo ha presentado enmiendas que son el "grito" de quienes defienden las sanidad y la educación públicas y un "contrato" de lo que harán cuando tengan capacidad de decisión.