El conflicto de Schindler vive sus últimos capítulos. La dirección y el comité de empresa sellaron este martes un preacuerdo para certificar el fin de la actividad industrial del grupo suizo en Zaragoza y el despido de 119 trabajadores de la planta aragonesa. A solo 72 horas de que expirase el periodo de negociaciones, ambas partes zanjaron una crisis que no se ha vivido como tal, a pesar de que la multinacional es una de las empresas que más facturan de Aragón y que más ha calado en la cultura industrial de la ciudad.

El precio del conflicto es la firma de un preacuerdo que contempla 62 recolocaciones en los centros de Schindler en España (20 vacantes en Zaragoza) y Eslovaquia. Los que dejen la compañía percibirán 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el 11 de febrero del 2012. Esa cantidad se reducirá a 35 días por año a partir de esa fecha como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma laboral. Además, la compañía plantea una paga lineal de 6.000 euros para los empleados que tengan entre 50 y 59 años. Sin embargo, los trabajadores de entre 44 y 49 años percibirán 2.500 euros. Todo el personal que cumpla 55 años en el 2020 se acogerá al convenio especial de forma que quedarán cubiertas las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que se puedan jubilar.

Pese al preacuerdo, será la plantilla la que tenga la última palabra en la asamblea que se celebrará hoy a las 10,30 horas en la factoría y del mismo. Por lo pronto, el comité ha decidido suspender las movilizaciones y los paros de jornada completa previstos para este miércoles y jueves.

El acuerdo se produce, precisamente, justo en puertas de una movilización más contundente -solo se han producido dos paros parciales de cuatro horas en la planta- y después de que el día anterior la compañía amenazase con ejecutar el expediente de regulación de empleo a finales de abril. En caso de acuerdo, según apuntó la empresa a los sindicatos el pasado lunes, el ajuste se retrasaría hasta el mes de noviembre.

La secretaria general de Industria de CCOO en Aragón, Ana Sánchez, valoró positivamente el preacuerdo, si bien precisó que «un ERE nunca acaba bien, ni en el mejor de los casos, porque además tiene el final escrito de que si no llegas a un acuerdo la empresa puede aplicar la ley». Pese a todo, consideró que el pacto entre ambas partes «da una salida económica», aunque «al final son los trabajadores los que tendrán que decidir si quieren esa salida económica o no».