La economía y la sociedad piden a gritos una tregua política. La ciudadanía, que es siempre la gran perdedora cuando la inestabilidad gobierna, hace un llamamiento a los partidos para que depongan las armas. Es un silencioso pero multitudinario “¡ya vale!». Al menos, hasta 15 días antes de las elecciones. España se había acostumbrado a que la batalla electoral (unas veces más encarnizada y otras más moderada) se librase a lo largo de dos semanas o, como mucho, durante los dos meses previos a una cita con las urnas. Pero España lleva varios años viviendo en continua campaña electoral. Y eso hace daño, y mucho, a la sociedad. Y a la economía.
Aragón encara el 2019 con cierto optimismo. El Producto Interior Bruto (PIB) regional crecerá el 2,7%, según las últimas estimaciones del Ejecutivo de Lambán, frente al 2,2% del conjunto de España. Hay proyectos estratégicos que verán la luz este año y otros que se están alumbrando. Y el mercado laboral mejora, aunque cada vez de forma más tímida. Sin embargo, «todo está parado», reconocía la semana pasada un alto responsable de una institución económica aragonesa que ponía el acento en que «las inversiones huyen del caos».
¿Enfermo crónico?
El problema es que la inestabilidad se está cronificando. A los diez meses de gobierno interino de Rajoy (desde diciembre del 2015 a octubre del 2016), le siguió la crisis política en Cataluña y una moción de censura con Pedro Sánchez al frente de un nuevo Ejecutivo en franca minoría y con escasos apoyos. Y por si fuera poco, ahora la batalla política se despacha en la calle. A golpe de manifestación. Y lo peor es que aún quedan más de tres meses para la cita electoral. ¡Sálvese quien pueda!
La clase política, en definitiva, ha demostrado, una vez más, su incapacidad para llegar a acuerdos, solucionar problemas y centrarse en su principal tarea: servir a los ciudadanos.
Desde la perspectiva local, el horizonte tampoco es esperanzador. La comunidad encara las elecciones municipales y autonómicas de mayo sin presupuestos. Ni en el Gobierno de Aragón, ni en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, la situación que se vive a escala nacional también impacta en la comunidad, no solo por el temor de los inversores, sino también porque las partidas comprometidas son un brindis al sol.
Infraestructuras, proyectos estratégicos, comunicaciones y políticas activas de empleo son algunas de las áreas que dependen de las cuentas del Estado. En total, estas recogen inversiones en Aragón por valor de 540 millones de euros en el 2019. A ello hay que sumar otros 6.162 millones (si hay prórroga presupuestaria) desde la perspectiva autonómica y 773 millones en la ciudad de Zaragoza. Todo está en el aire. Todo por determinar. Por decidir. Por aprobar.
Nubarrones en Europa
Y mientras en España comienza a subir la temperatura política, Europa intenta buscar oxígeno no se sabe dónde para afrontar una coyuntura más que compleja. Italia se precipita al vacío con una nueva recesión, Reino Unido trata de encontrar una solución al laberinto del brexit y la Comisión Europea alerta del impacto de la inestabilidad política y social en la economía. Y eso, para Aragón, también es preocupante, ya que se trata de una economía abierta al exterior como demuestran sus exportaciones año tras año.
Y todo esto sucede en un momento en el que está en juego el futuro del sector del automóvil, del que dependen más de 25.000 empleos en Aragón, y que ha iniciado su particular transición hacia el coche eléctrico. También urge conocer qué futuro le espera a la comarca de Andorra, que se tambalea por el cierre de la térmica. Quizá los planes del Gobierno y la transición justa se queden en papel mojado. Porque nadie sabe si habrá Presupuestos Generales del Estado o no. Tampoco si habrá elecciones generales este año. O no. Y menos todavía si se podrá formar un gobierno estable tras unos hipotéticos comicios generales.
Todo parece provisional. Quizá demasiado. La única certeza es que el precio de los votos es cada vez mayor. Y eso se ha convertido en el mayor peligro.
