El presupuesto del departamento de Presidencia para 2017 asciende a 172,8 millones de euros, de los que 18 se destinan al Fondo de Cooperación Municipal y 8 a la recientemente pactada ley de capitalidad, mientras que las comarcas, incluidas en la sección 26 pero que también gestiona el consejero del ramo, Vicente Guillén, se dotan con 59,8 millones.

Guillén ha cerrado hoy en las Cortes la ronda de comparecencias de los consejeros, que comenzó el miércoles, para explicar el detalle de los presupuestos de sus respectivas consejerías, que en su caso tiene una dotación de 172,8 millones de euros, un 8,68 por ciento más que en la ley de presupuestos de 2016.

Guillén gestiona la sección que más incremento experimenta respecto a las cuentas de 2016, la 26, de transferencias a las administraciones comarcales, que este año se dota con 59,8 millones de euros frente a los 40,1 de 2016.

Esta infradotación que Guillén ha reconocido que tuvieron estas administraciones el año pasado se subsanó con diversas modificaciones presupuestarias aprobadas por las Cortes a lo largo del ejercicio, algo que ha servido a los portavoces de la oposición para recordar que de este modo, la partida prevista no se incrementa con respecto a lo realmente ejecutado y que, incluso "sigue sin ser suficiente para garantizar unos servicios de calidad en el territorio", según ha dicho María Herrero, del PAR.

A la dotación de casi 60 millones se une un fondo social comarcal por cuatro millones de euros que gestiona el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

El Fondo de Cooperación Municipal recibirá 18 millones de euros, dos más que en 2016 según Guillén, para transferencias directas incondicionadas y no sujetas a convocatoria, lo que salvaguarda de este modo, según el consejero, la autonomía local.

Ha recordado que es voluntad del gobierno conseguir una financiación estable para los entes locales, en función de sus características y población, y ha anunciado que antes de fin de año podrá ver la luz el proyecto de ley que regulará la participación de los entes locales en los ingresos de la comunidad.

Respecto a la ley de capitalidad, está dotada con 8 millones como suelo inicial de 2017 y se consignan otros 13 millones en distintos departamentos para atender a los convenios vigentes con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para el popular Miguel Ángel Lafuente estos 8 millones son los únicos que se incorporan de más a un presupuesto que es "exactamente el mismo" que en 2016 y que sólo prevé inversiones por 4,6 millones, de los que 3 son "exactamente los mismos que en 2016".

También ha reconocido Guillén la infradotación que tuvo el año pasado el programa de justicia gratuita, que para 2017 se dota con 4,5 millones de euros frente a los 2,7 de 2016, una cantidad que es "suficiente" a pesar de que, como le ha recordado Lafuente, en 2015 se necesitaron en esta partida 5,6 millones.

El consejero ha replicado que eso se debe a que cuando él llegó al departamento, en julio de 2015, tuvo que asumir el pago de los dos últimos trimestres de 2014 y los dos primeros de 2015, al tiempo que ha dicho que la mejoría que ya se nota de la actividad económica y del empleo hará que este año menos personas necesiten este servicio.

Ha destacado la inclusión en su departamento de una partida de 600.000 euros para la lucha contra la violencia machista, que se une a otra del IAM por 719.600 euros.

Entre otros de sus objetivos, ha detallado la recuperación de las relaciones de bilateralidad con el Estado, y ha anunciado que la comisión bilateral que las regula se podría reunir "muy pronto".

También la intención de resolver el problema del servicio de bomberos en las provincias de Teruel y Zaragoza y que se van a doblar las ayudas a las policías municipales.

Para la portavoz de Podemos, Maru Díaz, con estos presupuestos el consejero lo único que ha hecho ha sido "achicar agua" y "tapar agujeros", como el de las comarcas que se generó el año pasado por la creencia del PSOE de que "podía poner en cuestión" el modelo recortando su dotación.

Tanto Díaz como el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez han hecho alusión a la dificultad de ejecutar todo el presupuesto dado el retraso en su aprobación.

El diputado de la formación naranja ha criticado el "optimismo" del consejero por la subida del 8,68 % y que se olvide del "sablazo del año pasado, con una disminución del 12,04 %.

Respecto a las comarcas, a pesar de alegrarse de que mejore su dotación, ha insistido en que éstas siguen teniendo mucho gasto y "caga política" y que tienen que llevarse a cabo modificaciones en su funcionamiento.

Mar Herrero, por su parte, ha hecho hincapié en las mermas que sufren cuestiones como los servicios jurídicos, las delegaciones territoriales de Huesca y Teruel o los programas de apoyo a la administración local, política territorial y relaciones institucionales.