El Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza todavía no ha terminado de tomar declaración a las más de doscientas personas que adquirieron viviendas de protección oficial (VPO) en las urbanizaciones Parque Goya I y II. La titular del organismo judicial, Natividad Rapún, trata de determinar si los adquirientes pagaron sobreprecios a los constructores y responsables de cooperativas para tener acceso a los pisos y unifamiliares. Por el momento, la investigación judicial se ha centrado en quienes compraron sus viviendas en régimen de cooperativa, pero en una fecha próxima comenzará el interrogatorio de quienes las adquirieron a compañías constructoras. El proceso se abrió en septiembre pasado.
