Chunta e Izquierda Unida consiguieron la foto fija que perseguían en el debate del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: que PSOE y PP se dieran la mano en un asunto polémico, relacionado con el caso Plaza, y en el que se ven afectados intereses de ambos partidos. Ese iba a ser el titular de hoy, como reconocía el propio portavoz conservador, Eloy Suárez, a sabiendas de que le habría encantado estar en la petición de cese provisional de los concejales del PSOE imputados en el caso apartadero de Plaza. Con el precedente del 2009 con Antonio Becerril como protagonista, el Gobierno municipal se aferró a la necesidad de no estigmatizar a los ediles mientras no haya acusación formal contra ellos. Y con el actual consejero de Economía de la DGA, Francisco Bono, entre los encartados, tampoco los populares tenían otra salida que la de "tú me das cremita, yo te doy cremita"

Así calificó el nacionalista Juan Martín la actitud mostrada por el PP y PSOE en las mociones que ponían en el punto de mira al vicealcalde Fernando Gimeno, a la teniente de alcalde de Servicios Públicos, Carmen Dueso, y a la concejala del Mayor, Isabel López. Todas ellas socialistas y todos señalados por los conservadores en otras tantas peticiones de cese, dimisión o reprobación por asuntos mucho menores que la supuesta prevaricación que les imputa ahora el juez.

SIN ESTILETE Para Suárez, que durante siete años fue estilete contra el PSOE en las Cortes por decisiones en Plaza que hoy se están juzgando, ahora se debe actuar "con seriedad y ejemplaridad". Lo primero, para "que se puedan defender" en dos semanas, y lo segundo, "porque si se mantiene la imputación, que contesten si presentarán la dimisión". Mientras, la actitud de CHA e IU es "de broma" tras el escaso interés en el pasado.

Para José Manuel Alonso, el paso atrás de Suárez significaba "silbar" cuando toca tomar decisiones y solo porque Bono y Agustín García Inda están en ese listado. "Su credibilidad está por debajo de cero", señaló. Mientras, Martín fue más crítico con el PSOE y su doble vara de medir, con casos como el escándalo de Bárcenas en la que tardó "24 horas" en pedir ceses en el PP.

Belloch garantizó que no tomará medidas "mientras no se abra juicio oral o haya auto de procesamiento". Reconoció, por primera vez, que con Becerril quizá se precipitó --"nunca podíamos esperar que después de cinco años no tendría sentencia firme"-- y que"docenas de personas han sido estigmatizadas" por una "mala interpretación" de la figura de la imputación. Para él, en la prevaricación lo importante es que se haga mal "a sabiendas" y que todo lo que apunta el juez Tello se refiere a "una supuesta falta de diligencia", y que "eso no es delito". Por eso lo que pretendían CHA e IU, en su opinión, era solo "una representación teatral".