El Gobierno de Zaragoza gana tiempo en la compleja discusión sobre cuáles serán los nueve concejales condenados a perder su retribución básica de los 31 que hay. Al menos hasta el mes de "abril o mayo", que es cuando se conocerá la decisión del Ministerio de Hacienda a la petición aprobada ayer --se remitirá si lo aprueba el pleno-- para que la capital aragonesa sea considerada como una excepción y permita aplazar la decisión al 2015, después de las elecciones, y pasar la patata caliente a la próxima corporación. Pero la ley dice lo que dice y hay que pensar en un plan B, por si se rechaza. Y al parecer ya se ha dejado entrever la opción de acudir a una fórmula que respete la proporcionalidad de los grupos en el pleno, dejando víctimas hasta en su propio bando. Hasta tres ediles socialistas perderían su sueldo.

En ese supuesto, igual que en la composición de cualquier comisión, serían cuatro los ediles sacrificados en las filas del Partido Popular, uno en Chunta y otro en Izquierda Unida. Decisión salomónica que no es incompatible con lo afirmado un día antes por el alcalde, Juan Alberto Belloch, en su visita a Movera, ya que él siempre habla de miembros de su Gobierno y en él se incluyen solo siete de los diez ediles del PSOE (contándole a él). Están expuestos Lola Campos, Laureano Garín e Isabel López.

Sin embargo, la decisión tiene lagunas, igual que la propia ley, ya que mandar a la iniciativa privada (para obtener los ingresos que ya no percibirán) a concejales del partido que gobierna parece una evidente incompatibilidad. La misma, no obstante, que en el PP, CHA e IU, cuyo voto puede condicionar decisiones que afecten a intereses privados.

No es de extrañar que el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, no quisiera entrar a valorar cuál sería una buena solución. "Está sin decidir quienes", aseveró. "Se esperará a conocer la resolución del ministerio para adoptar la decisión". Pero es lógico que Gimeno tantee la opinión del resto de grupos en una negociación en la que ni los miembros de su partido se lo van a poner fácil. Pero el PP no lo tiene mejor: debe votar en el pleno y si lo acepta reconocerá que la situación financiera del consistorio no es tan mala como denuncia ahora, y si no, varios de sus ediles perderán el sueldo.