El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, reunió ayer a todos los líderes territoriales de su partido para abordar en un almuerzo de trabajo la actualidad política. Mucho se habló de financiación y de deuda, en una cita en la que se descartó por completo la condonación o quita de la deuda de las comunidades autónomas. Eso supondría un agravio territorial, señaló Rajoy, que el PP no va a consentir. Esta condonación --reclamada por ejemplo en Cataluña por el PSC e incluso por el PP en comunidades como Murcia-- sí podría ser sustituida por reestructuraciones de la deuda, siempre analizando cada caso particular, evitando agravios y cuando se pueda justificar. «Me parece muy bien el anuncio, porque no podemos caer en las diferencias entre territorios», señaló el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, que participó en la reunión. Murcia pidió algún tipo de compensación por lo que consideran es una mala financiación autonómica. De hecho, la necesidad de encontrar un nuevo modelo de financiación centró gran parte de la cita, a la que también asistió el ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Según Beamonte, el PP tiene «voluntad decidida» para llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica con el PSOE, ya que considera imprescindible el acuerdo, y por este motivo pidió a los socialistas, especialmente a los que presiden comunidades autónomas, que entiendan que «es necesario el diálogo y posible el acuerdo».

En este sentido, Beamonte destacó que cada comunidad tiene sus singularidades, pero con diálogo se puede llegar a acuerdos, «que es lo fundamental». El presidente del PP de Aragón señaló la particularidad de Aragón, donde debe tenerse en cuenta «el coste efectivo de los servicios, acompañado de elementos de solidaridad. Tenemos una comunidad autónoma dispersa y extensa, con una realidad muy diferente a otras». Así lo dejó patente en un encuentro en el que se coincidió en que el modelo actual, vigente desde el Gobierno de Zapatero, es «un mal modelo» y donde se evidenció que cada comunidad autónoma tiene un interés distinto a la hora de fijar los criterios para establecer el nuevo sistema.

También se anunció que habrá cierta flexibilidad con los municipios con superávit, para que en aquellos casos en que la obra sea «sostenible financieramente» y tenga fines sociales, se pueda invertir ese dinero sobrante en determinadas obras.