La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) retomó ayer su posición de liderazgo contra el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), amenazando con retomar la movilización si la DGA gira los recibos correspondientes al impuesto del año pasado.

Según uno de los portavoces de la plataforma, Enrique Gracia, que compareció en rueda de prensa en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la gestión del cobro del tributo supondría «torpedear» el supuesto buen rumbo de las negociaciones entre PSOE y Podemos para su reforma.

Aunque el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, se mostró partidario el lunes de continuar cobrándolo y de hecho criticó la inédita «insumisión fiscal» contra el impuesto, la RAPA confía en que se paralice el cobro y se realice, posteriormente, en el marco del acuerdo de reforma. Algo que, según las «fuentes jurídicas» consultadas por la plataforma, es «perfectamente posible».

La entidad entiende que, pese a que lo que se ha conocido de las negociaciones va por el buen camino (supondría una disminución de en torno al 20% en el recibo, unos 12 millones de euros de merma tributaria para el Gobierno de Aragón), la idea del Ejecutivo sigue siendo cobrar hasta la fecha y hacer tabla rasa desde que se reforme. Algo con lo que no están en absoluto de acuerdo.

Si comienzan a llegar los recibos para el cobro, anunciaron, no solo retomarán la movilización en las calles sino que mantienen varios ases judiciales en la manga. Desde un recurso admitido a trámite en el Tribunal Constitucional, por la «invasión de competencias» del Ayuntamiento de Zaragoza por parte del Gobierno de Aragón, hasta acciones «iniciadas» ante los tribunales europeos por vulneración de hasta tres directivas medioambientales comunitarias.

Otras iniciativas, como los en torno a 50.000 recursos contra el cobro del impuesto presentados ante el Instituto Aragonés del Agua (IAA), han sido rechazados. De hecho, el organismo lo hizo en bloque, a través de una publicación en el BOA, y el recurso contra esta forma de contestación también fue desestimado.

La RAPA abanderó la lucha contra el pago del impuesto, que ha reunido a cerca de 90.000 insumisos, entendiendo que el impuesto es ilógico (por ejemplo en Zaragoza, donde se paga teniendo ya su propia depuración) y que sirve para sufragar el desorbitado plan de depuradoras, algunas ni construidas.