La Asociación de Familiares de Víctimas del Accidente de Turquía Yak-42 tiene previsto recurrir hoy el auto de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, por el que la magistrada archiva la denuncia contra los dos generales encargados de dirigir el equipo médico español que identificó a los 62 militares fallecidos.
Como informó ayer EL PERIODICO DE ARAGON, Palacios no ha aceptado la denuncia en la que los allegados acusan a los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán de delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.
La juez justificó su decisión alegando que no consta ningún documento firmado en el extranjero por los dos generales, de manera que no ve indicio alguno de actividad delictiva en su conducta. El argumento empleado por la juez provocó las críticas del presidente de la asociación, Carlos Ripollés, quien afirmó a Efe que Palacios "no ha leído o ha extraviado" los informes que acompañan a la denuncia, y en los que se dice que Navarro y Beltrán aprobaron la repatriación de 30 cuerpos sin identificarlos plenamente. "Es absolutamente increíble, aunque reitero una vez más el máximo respeto por la Justicia", indicó Ripollés.
Precisamente, el letrado del colectivo, Eudald Vendrell, recordó que el Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e Identificación de la Fiscalía turca está firmado precisamente por los dos oficiales fuera de España. En concreto, el 28 de mayo del 2003, a las 2.30 horas. De ahí que éste es el argumento en el que basa el recurso de reforma subsidiario de apelación.
Palacios secunda por tanto la decisión de la fiscal Blanca Rodríguez, quien ya informó en contra de la admisión a trámite de esta denuncia.
EL POLEMICO PROTOCOLO Según la documentación turca, Navarro y Beltrán aseguraron que habían "identificado y determinado con exactitud" la ciudadanía española de los treinta cuerpos, aunque no sus nombres. Pese a todo, no se realizaron pruebas científicas --de ADN, dentales o huella dactilar-- a esos fallecidos, porque los dos generales solicitaron a las autoridades judiciales turcas que les facilitaran los restos mortales. "Garantizamos realizar todos los procedimientos necesarios para la entrega de esos cadáveres a sus familias y asumimos la responsabilidad sobre ellos una vez que nos sean entregados", señala el texto.
Sin embargo, uno de los 30 cadáveres --el número 75-- pertenecía a un ciudadano bielorruso, que no aparecía registrado en el manifiesto de carga del avión, y no a un militar español. Esta conclusión se desprende de comparar el protocolo con el informe sobre las identificaciones entregado por Navarro al Congreso. Mientras en el documento turco --elaborado un mes antes que el de Navarro-- el número 75 figura como uno de los 30 soldados que los generales aceptaron repatriar sin conocer su identidad exacta, Navarro afirmó después que el cadáver correspondiente a ese número era de un hombre bielorruso.
