Según explicó el abogado de la familia, ahora tienen al menos cinco días mientras el juzgado da traslado del recurso a las partes --la inmobiliaria vitoriana Esgo, que instó el lanzamiento ante el impago de casi 3.000 euros-- para que presenten alegaciones. La intención, según explicaron los activistas de Stop Desahucios, no es suspender el desalojo, pero sí prorrogarlo hasta que los Servicios Sociales puedan encontrarles alguna alternativa viable. No descartaron, por tanto, tener que volver a acudir al inmueble para ampliar este plazo.
