La Policía Nacional efectuó ayer un registro de la sede de la empresa iDental, en el zaragozano polígono Plaza, en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional que busca esclarecer el aparente fraude de la compañía odontológica, con miles de afectados. Según informó el cuerpo, los registros se produjeron simultáneamente en 19 sedes de la empresa en varias provincias, la mayoría de ellas ya cerradas por la quiebra del negocio, como sucedía con la zaragozana, cerrada desde mayo tras constatar Urbanismo que la sede no tenía licencia.

Los clientes de la compañía llevan meses denunciando las irregularidades que han sufrido, contagio de enfermedades incluído, pero no ha sido hasta que tuvieron una reunión con la actual ministra de Sanidad y Consumo, Carmen Montón, y esta trasladó el caso a la Fiscalía, cuando el presunto fraude ha sido abordado de forma efectiva.

Concretamente ha sido el magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien ha asumido las pesquisas, y ayer ordenó, con los oportunos exhortos, los registros simultáneos en 19 clínicas y oficinas en provincias de Andalucía (Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga), Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar) y Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), así como en Gijón, Palma de Mallorca y Murcia, además de Zaragoza. En la capital aragonesa intervinieron funcionarios del Juzgado de Instrucción número 10, así como agentes del grupo de Delitos Económicos de la Policía y personal del Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón.

Y es que entre los objetivos de la operación, según informó la Policía, no solo está acreditar los posibles delitos cometidos por la compañía sino salvaguardar las historias clínicas de los pacientes (se calcula que hay mil familias afectadas solo en Aragón), que en muchos casos han quedado en las sedes paulatinamente cerradas. En el caso de la zaragozana, fuentes policiales confirmaron que la cantidad de documentación localizada a primera vista es tremenda.

SISTEMA / Las primeras quejas de clientes por tratamientos fallidos y presuntas negligencias llegaron hace muchos meses, hasta que la compañía iDental quebró el pasado mes de octubre. Fue entonces cuando la compañía Weston Hill Capital -calificada por la Audiencia Nacional de «fondo buitre», y cuya sede madrileña también fue registrada ayer- la adquirió por 25 millones de euros, con una supuesta inyección que iba a salvar el negocio. Pero las malas prácticas continuaron y de hecho el juez De la Mata investiga si el material de las clínicas fue desviado a otra sociedad, la cadena de clínicas Institutos Odontológicos (IO).

El sistema investigado consistía en ofertar tratamientos odontológicos a muy bajo precio, con la excusa de contar con subvenciones de la Administración, las cuales había que firmar de inmediato. Al cliente se le endosaba un microcrédito, de forma que cuando se recibía, era aquél quien quedaba como deudor (y ahora, en muchos casos, como moroso) de la financiera.

En muchos casos, una vez iDental cobraba el total del dinero, los tratamientos no se iniciaban o se producían malas praxis, hasta el punto de haberse requerido a los pacientes que revisen si les han contagiado el VIH, por usar instrumental sin esterilizar. De hecho, una de las vías de investigación es si todo el personal, en mucho casos también afectado por los cierres, tenía formación.