Aunque el Gobierno de Aragón asegura que la inscripción en el registro de la Vivienda Protegida (VPO) es gratuita, su puesta en marcha ya ha supuesto un desembolso de los solicitantes que asciende a un total de más de 160.853,88 euros (26,76 millones de pesetas). Una cantidad que en sólo un mes se ha ingresado el Registro de la Propiedad, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los 15.378 titulares aragoneses que, a fecha de 18 de junio, han decidido formalizar los trámites de inscripción para optar a una VPO se han visto obligados a pedir un certificado sobre las propiedades inmobiliarias que poseen, para lo que han pagado cada uno 10,46 euros. Este documento lo debe solicitar no sólo el titular, sino cada uno de los miembros de la unidad familiar mayor de 18 años. De ahí que el montante total pueda ser todavía bastante mayor.

REAL DECRETO Tal y como recoge el decreto publicado en el BOA del 21 de abril, entre los requisitos exigibles para apuntarse en el registro único --que se puso en marcha el 24 de mayo-- aparece la consulta al Indice General de Titularidades de los registros de la propiedad. Este documento "acredita que el solicitante no es propietario de ninguna otra vivienda inscrita en ningún registro, garantizando la igualdad y la seguridad del proceso de selección".

En cuanto a la minuta, los honorarios son de nueve euros más el IVA, es decir, de 10,46 euros en total, según dicta un real decreto de 1989 para este tipo de servicios. Este precio es consecuencia de una falta de acuerdo o negociación del Ejecutivo autonómico con el Ministerio de Justicia para rebajar esta cuota al mínimo, más aún cuando desde un principio se ha asegurado que inscribirse en el registro de la VPO era gratuito.

El aluvión de solicitudes en este primer mes no ha provocado, sin embargo, atascos en el Registro de la Propiedad, según el propio organismo, que ha habilitado el registro número 14 de la plaza Mariano Aguerri para tal fin.