El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, afirmó que en la Fiscalía de la comunidad «nunca, nunca» se han recibido presiones políticas y tampoco órdenes respecto a asuntos concretos procedentes de la Fiscalía General del Estado. Rivera compareció ayer ante la Comisión Institucional de las Cortes para presentar la memoria anual de la institución correspondiente a los años 2014 y 2015, donde las actuaciones respecto a la violencia machista y los delitos de corrupción centraron las intervenciones de los portavoces parlamentarios.
El fiscal superior ha insistido en la «gran libertad» que tienen los fiscales en Aragón y en el respeto que siempre se profesa a sus decisiones.
Así contestó a las alusiones de algunos portavoces a la situación de descrédito que, según señaló por ejemplo Maru Díaz, de Podemos, vive la Fiscalía en el país, a raíz de la polémica en torno al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix.
La diputada, no obstante, señaló la «valentía» y «dignidad» de muchos fiscales frente a la «obstrucción» o las «presiones».
Rivera, por su parte, recordó en relación con los delitos económicos y de corrupción que en la Fiscalía provincial de Zaragoza se pensó hace un tiempo que era bueno profundizar en la especialización de determinados fiscales en la materia, y por eso se creó una sección de investigación de estos delitos que ha funcionado «perfectamente», en coordinación con la Policía Nacional, la Guardia Civil, la administración tributaria y la Seguridad Social.
VIOLENCIA DE GÉNERO / La violencia machista, tras un fin de semana en el que en España fueron asesinadas tres mujeres por sus parejas o exparejas, centró gran parte de la comisión. Según la memoria del ejercicio del 2015, una mujer fue asesinada en ese año, en el que se abrieron 2.464 procedimientos penales (un 6% más que en el 2014). Se produjeron 442 sentencias condenatorias por delito, 59 por delito leve y 49 por falta, y 249 absolutorias, frente a las 251 del año anterior; mientas que se dictaron 165 órdenes de alejamiento (110 en el 2014).
Además se solicitaron 552 órdenes de protección en el 2015 y se concedieron 454, frente a las 314 concedidas de las 404 que se pidieron en el 2014.
Rivera apostó en esta materia por integrar los casos de violencia doméstica en los juzgados especializados de violencia de género, y reconoció la «frustración» de jueces, fiscales y abogados ya que a pesar de haberse puesto medios legales y procesales para acabar con esta lacra, no se acaba de parar la violencia machista, pese al reproche social. Lamentó que muchos procesos se frustren al no declarar la víctima.
