El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón José Ramón Ibáñez aseguró ayer que las promesas del consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, son "garantía de incumplimiento" y manifestó que aunque hay motivos para su reprobación, espera que la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, "haga el relevo".

Como ejemplos de esos incumplimientos, Ibáñez citó el plan general de carreteras, los transportes, y concretamente el convenio con Renfe, y la vivienda, al tiempo que tildó al consejero de "ahuyentador de empresas" por no atraer, señaló, nuevas compañías a las plataformas logísticas.

DESTRUCCIÓN Ibáñez criticó que lo único que ha cumplido Fernández de Alarcón es la "destrucción" del Plan Red de Carreteras, ya que el que "vendió" como alternativa, el Plan General de Carreteras, se incumple "reiteradamente", a pesar de que las vías de la comunidad son las peor conservadas de España, ya que en dos años se han presupuestado unos 80 millones cuando en virtud de ese plan tendrían que haber sido unos 260.

En cuanto al convenio con Renfe, lamentó que transcurrido un año desde que se presentó sigue sin firmarse y además, la segunda fase, la que permitiría mejoras en los servicios, debía haberse puesto en marcha el pasado mes de abril. Lo mismo ocurre, recordó, con el Plan de Vivienda 2014-2016, que tampoco se ha firmado con el Ministerio de Fomento, a pesar de que el consejero anunció que se suscribiría el pasado mes de marzo.

En respuesta a Ibáñez, el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente compareció pocos minutos después ante los medios para "rebatir" con datos estas afirmaciones del socialistas, y aseguró, respecto de las cuantías del Plan Red, que 48 de cada 100 euros representaban gastos de gestión indirecta a diferencia del plan del actual Gobierno, que dedica el 95 por ciento del presupuesto a las carreteras y el 5% a gestión, con la particularidad además de que no genera déficit.

En cuanto al convenio con Renfe, se preguntó cómo el PSOE se atreve a hablar de servicios ferroviarios cuando traía a Aragón "material de quinta mano" y cuando el actual Gobierno y el extremeño son los únicos que cuentan con líneas no declaradas de obligación de servicio público.