El Ayuntamiento de Calatayud ha aceptado la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón para que se extremen las garantias de procedimiento en los expedientes sancionadores, con el fin de evitar futuras reclamaciones.

Esta decisión se ha adoptado después de que el Justicia llamara la atención del consistorio bilbilitano por una multa de tráfico a una conductora que no recibió respuesta a sus alegaciones en contra de la sanción.

Fernando García Vicente argumentó en su día que el expediente abierto al infractor vulneraba normas esenciales del procedimiento y violaba el derecho constitucional del ciudadano a recibir una explicación argumentada de las resoluciones sancionadoras.