La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha desglosado la investigación del Yakovlev en dos piezas: una relativa a la contratación del vuelo y otra a la identificación de los cadáveres. En este contexto, pidió ayer al Ministerio de Defensa que le remita con carácter urgente el texto encargado por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, sobre el siniestro; y para la segunda parte, los documentos originales de los funcionarios españoles que fueron a Turquía. Estos hechos llegan un día después de que el fiscal del caso, Fernando Burgos, se negara a rastrear las llamadas entre responsables de Defensa y Turquía para averiguar quién dio la orden de repatriar los cuerpos mal identificados.

El documento Información Previa , encargado por el departamento de Trillo, admitía la existencia de quejas de mandos militares previas al accidente y pone de relieve que el servicio de vuelos de transporte contratado no se prestaba en las condiciones óptimas. Según Europa Press , además recalca que a la agencia NAMSA de la OTAN le correspondía la inspección y el control del aparato. El documento está firmado por el coronel auditor Ricardo Fortún y data de diciembre de 2003.

Paralelamente a éste, la juez ha solicitado los documentos originales de los militares que fueron a Turquía para realizar los reconocimientos: los denunciados generales Vicente Carlos Navarro y Antonio Beltrán Doña. Palacios ya pidió estos informes el pasado mes de septiembre.

La juez no decidirá sobre las citaciones de imputados y testigos propuestas por los afectados hasta que llegue dicha documentación a la Audiencia Nacional. En el procedimiento están denunciados, además de los dos generales, el exsecretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno. Y quince familias han pedido que Trillo declare como testigo.

Por otro lado, la juez ha solicitado al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que le remita los estudios de identificación realizados respecto a las víctimas. Los test de ADN que las familias se practicaron demostraron que hubo errores en la identificación de 30 de los 62 fallecidos. 21 familias han exigido la exhumación, dado que las nueve restantes incineraron a los que creían que eran sus seres queridos.