Los testigos que han declarado hoy en el juicio por homicidio a la mujer acusada de incendiar en julio de 2015 una residencia de mayores en Santa Fe, en Zaragoza, han coincidido en señalar que durante el fuego ésta salió al jardín y "tan feliz" y "tan pancha" se sentó en un columpio y no colaboró en el rescate de los ancianos.
Ante el jurado popular que juzga desde ayer a María del Carmen Alejandre por 9 delitos de homicidio, 9 de lesiones y uno de incendio provocado, han comparecido hoy la cuidadora Sarita Flores y Carmen Garza, quienes pasaron con la acusada los minutos previos a que se declarara el fuego.
Sarita Flores ha explicado que cuando comenzó su turno la noche del 11 de julio de 2015 le contaron que Alejandre estaba enfadada porque había hablado por teléfono con su hijo para decirle que se quería ir de la residencia, de la que la acusada aseguraba que iba a salir de una u otra manera y de forma inminente, el 1 de agosto.
Según lo que Alejandre le contó a Flores, su hijo no la quería llevar a otra residencia y ésta le aseguró que por eso "se iba a acodar de ella", algo en lo que ha coincidido Carmen Garza, la única residente que quedaba despierta cuando se declaró el incendio, quien ha declarado que la acusada le dijo que iba a hacer "algo grande, algo gordo" para que su hijo "se acordara de ella".
Carmen Garza y Carmen Alejandre, según el relato de la primera, veían la tele mientras el resto de residentes dormían ya en sus habitaciones, pero en un momento dado, en torno las 23.30 horas, la acusada se fue a la cama en la primera planta y al poco rato, unos diez minutos según la cuidadora, bajó "tranquila" diciendo que la residencia se estaba quemando.
Entre la cuidadora y la otra residente ayudaron a evacuar a los ancianos que dormían en la planta baja, la de los asistidos, pero de ningún modo pudieron acceder a la primera y segunda plantas, donde fallecieron nueve ancianos, algunos de ellos atados a sus camas.
Según Garza, mientras se desarrollaba el incendio y ella y la cuidadora intentaban salvar a los ancianos, ayudados por dos vecinos de viviendas contiguas, la acusada permanecía sentada en un columpio y sin ayudar a nadie. "Allí se quedó plantada, normalmente, tan pancha", ha agregado.
Sarita Flores ha precisado que Alejandre no negó en ningún momento que hubiera sido ella la autora del fuego y que "no abrió la boca" cuando, esa misma noche, le preguntó qué le habían hecho sus compañeros para actuar de esa forma.
Uno de los guardias civiles que acudió al lugar de los hechos se ha mostrado convencido por su parte de que la acusada es la única posible autora material del fuego, porque el resto de las personas de esa planta se encontraron muertas en sus camas o en sus habitaciones, tres de ellas incluso atadas, y es "ilógico" pensar que alguien va a provocar un incendio prendiendo un colchón y luego se va a volver a meter en la cama.
Además, ha añadido que ninguno de los residentes de la planta baja, desde la que no se vio subir a nadie desde que Alejandre lo hizo, podría haber subido por sus propios medios.
La cuidadora hizo una ronda por las habitaciones de la planta superior las 22.00 horas y todos los residentes estaban en la cama, ha explicado ella misma.
En el juicio ha comparecido también Jorge Lasheras, hijo de Alejandre y su tutor al estar incapacitada psíquicamente, y con quien los testigos han asegurado que mantenía una mala relación.
Lasheras ha asegurado que el día del incendio habló con su madre durante escasamente 30 segundos pero que "no fue una discusión", entre otras cosas porque le explicó a su madre que había quedado ya con el director de otra residencia en el Actur para realizar el cambio.
Las cuidadoras e incluso la propietaria de la residencia Santa Fe, Isabel Domínguez, sabían, según han declarado, que Alejandre quería irse a otra residencia "mejor, de mármol", pero según ella su hijo no la quería cambiar.
Por otro lado, en el juicio se intenta determinar la responsabilidad civil subsidiaria de la propia dirección de la residencia, de su aseguradora, del Gobierno aragonés y de Mapfre, aunque se ha descartado la del Ayuntamiento de Zaragoza al entender que carecía de competencias en relación al edificio.
La dueña ha reconocido que la residencia recibió tres multas por no acometer las modificaciones necesarias ordenadas por la inspección, que nunca recurrió.
La residencia obtuvo en 2006, según se ha explicado en el juicio, una autorización provisional de actividad por parte de la Diputación General de Aragón, que le fue retirada en 2012, a pesar de lo cual siguió funcionando e incluso el Gobierno de Aragón mantuvo la concertación de ocho plazas.
En mayo de 2014 recibió una visita de la inspección de centros sociales del Gobierno de Aragón, donde se detectó que había residentes no válidos en las plantas altas y que algunos requerimientos anteriores se habían cumplido y otros no, ante lo cual las dos inspectoras han explicado que propusieron un procedimiento sancionador, pero no el cierre cautelar, medida que debería haber sido adoptada, han dicho, por instancias superiores.
Además, no eran deficiencias "de carácter funcional", han precisado.
Por su parte, la dueña ha justificado que aceptaran recibir a la acusada a pesar de sus problemas mentales y de que acababa de salir de la cárcel por las prescripciones médicas.
Domínguez ha explicado que los informes médicos aseguraban que si Alejandre tomaba su medicación no habría "ningún problema con ella", y por eso la aceptó como válida.
