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Unánime «respeto» al fallo entre los grupos políticos

El PP recuerda que el denunciante inicial fue alcalde del PSOE

 

F. M. / D. L. / C. G. / F. V.
11/05/2019

El «respeto a las decisiones judiciales» fue la tónica imperante ayer, como es habitual en estos casos, entre los grupos políticos a la hora de valorar la sentencia de Plaza. Algunos, como el PAR o CHA, se limitaron a él como reacción, de hecho.

Otros fueron algo más incisivos, en especial el PP. La portavoz del grupo parlamentario de las Cortes, Mar Vaquero, si bien recalcó que respetan todas las decisiones judiciales, «afecten al partido que afecten» –y si no las comparten, está la vía del recurso que ofrece la legislación–, sí quiso responder por alusiones a Javier Lambán sobre «el partido que denunció». «Habría que recordar al señor Lambán que el partido que denunció en primer lugar fue el PSOE. Fue Chabier Mayayo (por entonces alcalde socialista de Lobera de Onsella) quien fue a contárselo hasta en tres ocasiones, y no le hicieron caso», expuso. Por lo demás, recordó que en este caso sí que ha habido condenas.

También Ciudadanos, por boca de su candidato a la presidencia de la DGA, Daniel Pérez Calvo, fue algo más allá del «respeto»: «Creo que no exime de responsabilidad política, por acción o por omisión, al Gobierno socialista de Marcelino Iglesias. Tendrá que soplar mucho el cierzo sobre la superficie de Plaza para disipar el olor y la sombra de la sospecha», afirmó.

En Podemos, la candidata Maru Díaz quiso «recalcar ante dicha absolución que no es una sentencia firme, que cabe recurso y que habrá que esperar. En cualquier caso esta absolución no desdice el hecho de que tanto la constructora Acciona como los que pactaron con la Fiscalía reconocieron delitos de prevaricación y malversación. Hecho que demuestra que el caso Plaza fue un caso de corrupción», incidió.

Para Izquierda Unida, según Álvaro Sanz, «el debate no está en posicionarse sobre una resolución judicial. El problema radica en el modelo del pelotazo que ha caracterizado nuestra economía, gracias a leyes que lo amparaban y que ha permitido que se diluyeran los límites entre la corrupción ilegal y la legal (sic), a través de empresas públicas que se saltan todos los controles previos de fiscalización. El problema es político y afecta al conjunto del sistema y sus poderes. Lo más preocupante es que se traslada a la sociedad el mensaje de que la corrupción sale gratis», afirmó.