Al macroproyecto de Amazón en Aragón le ha salido una china en el zapato. Gracias a que la inversión está siendo tramitada como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) por parte del Ejecutivo autonómico, la multinacional gozará de ventajas en el pago de tributos locales a los ayuntamientos Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, las tres poblaciones donde instalará sus tres centros de datos, lo que ha despertado dudas en algún caso. Así lo ha puesto de manifiesto el consistorio de esta última localidad, que ha presentado una alegación, la única registrada, a fin de poder cobrar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y así poder ingresar los casi 3,5 millones de euros que le correspondería abonar a la multinacional por su implantación en este municipio, según pudo saber este diario.
Esta fórmula de tramitación administrativa ideada por la DGA para facilitar la atracción de inversiones privadas no solo permite agilizar y reducir a la mitad los plazos de tramitación, sino que también encierra ventajas de tipo fiscal. En concreto, permite autorizar la edificación del proyecto y ejecutarlo «sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística que habilite las obras de construcción», el cual concede la administración local. Esto hace que el tributo «a priori» no sea aplicable a la inversión de Amazon Web Services (AWS), la división tecnológica del gigante del comercio electrónico, según detalla expresamente el estudio financiero-económico recogido en la propuesta general del PIGA presentada por la compañía, que ha recibido la aprobación inicial del Gobierno aragonés.
OTRA EXENCIÓN
El ICIO en el caso de Villanueva gravaría el 3,5% del presupuesto material de las obras edificación y urbanización, que en el caso del centro de datos que AWS ubicará en este municipio asciende a 99,423 millones de euros. De ahí esos 3,5 millones que reclama el consistorio. Tampoco se contempla el pago de la tasa por licencias urbanísticas, que se sitúa en el 0,2%, es decir, unos 200.000 euros.
Por este motivo, el ayuntamiento presentó una alegación al convenio marco suscrito de colaboración para el impulso del proyecto, suscrito el pasado 12 de noviembre entre la DGA y Amazon Web Services (AWS), a través de Amazon Data Services Spain SL. De momento el Ejecutivo no ha dado respuesta al escrito y el ayuntamiento villanovense prevé volver recurrir igualmente el PIGA para defender la autonomía municipal y evitar que se produzca una situación de competencia desleal con el resto de empresas que edifican e invierten allí.
Huesca y El Burgo de Ebro no han presentado ninguna alegación al proyecto por ahora. En el caso del consistorio altoaragonés, el pago del ICIO está bonificado en su totalidad en el polígono Plhus, donde se implantará AWS, según detallaron fuentes municipales. Mientras, en El Burgo tampoco hay lugar para esta controversia porque se bonifica en un 90% si la inversión está declarada de interés municipal. Y entre los requisitos para serlo está crear más de 25 empleos, en este y otros tributos, que Amazon cumple holgadamente.
En declaraciones a este diario, el alcalde de Villanueva, Mariano Marcén, recalcó que están «encantados» de que Amazon haya elegido su municipio y alabó «el trabajo realizado desde la DGA» para la buena marcha de esta inversión. Pero se mostró «sorprendido» de que una figura como el PIGA «lleve consigo más cosas de las que a veces se cuentan». «Nos parece bien que se trate de recortar plazo, agilizar, urbanizar y reordenar, pero no esperábamos que esto pudiera llevar consigo que el ayuntamiento se quede sin cobrar el ICIO», lamenta el primer edil, que pertenece a la Federación de Independientes de Aragón, (FIA) y gobierna el municipio en coalición con el PSOE.
«No estamos en contra del PIGA, sino de que abarque la autorización de la edificación de la nave porque eso sustrae la competencia municipal de emitir la licencia, con la que podemos quedarnos fuera del hecho imputable y de devengar el impuesto», explicó el alcalde.
A su juicio, esta exención supone un «menoscabo» para las arcas municipales que contraviene la «autonomía propia» del consistorio y, sobre todo, genera una situación de «competencia desleal». «Es un impuesto que exigimos a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes», recordó, por lo que sería «injusto» que no se le repercutiera a una multinacional como esta, cuya fortaleza financiera es indudable.
LA DISCUSIÓN LEGAL Y UN CONVENIO EN DUDA
La discusión técnica y jurídica sobre el ICIO en Villanueva ya está sobre la mesa. La alegación presentada por el ayuntamiento obliga a dar una respuesta en esos términos que se explicaría más fácil políticamente: alfombra roja a Amazon solo por elegir Aragón para instalarse. Pero la discusión legal, lo que dice la ley, es tan ambigua como sencilla de describir. Dos intepretaciones distintas sobre lo que plantea el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Por un lado, para el Gobierno aragonés el cobro de este tributo no estaría justificado al tratarse de un recibo que grava una labor de supervisión de esas obras que el ayuntamiento villanovense no va a tener que realizar, ya que, al tratarse de un Plan de Interés General Autonómico (PIGA), será la DGA quien vigile, no él. Por otro, la versión municipal es que el consistorio gira el recibo siempre, porque grava el simple hecho de levantar una edificación nueva, o acometer una reforma de un inmueble ya existente. Así que sí tocaría cobrarlo.
Pero no es la única duda legal planteada al PIGA para Amazon. El ayuntamiento también pidió aclaraciones sobre otros conceptos. El más importante, el encaje en la operación del convenio firmado en el 2004 entre el consistorio y la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), participada íntegramente por la DGA, por el que esta empresa pública se comprometía a urbanizar y reparcelar los terrenos adquiridos (76 hectáreas brutas por un importe de 5 millones de euros) para la creación de un polígono industrial aeronaútico. Este no llegó a desarrollarse por la crisis y ahora se dedicará a Amazon, modificando la orientación del parque empresarial hacia el sector tecnológico.
«No sabemos en qué medida afecta lo que se firmó en su día», apunta Marcén, pero recuerda que por ley es «obligatorio» ceder a la Administración local el 10% de los suelos que se urbanicen.
