Seis de los nueve juicios rápidos que se celebraron el pasado martes en el Juzgado de lo Penal número cinco de Zaragoza correspondían a delitos de violencia de género, en relación con cinco casos de la capital aragonesa y otro de Calatayud. Desde el pasado mes de octubre este tipo delictivo se ha convertido en uno de los más comunes en el funcionamiento ordinario de los juzgados.
La reforma del artículo 153 del Código Penal, publicada en el BOE el 30 de septiembre endureció las sanciones contra estas conductas que, desde entonces, son calificadas de delito en casi todos los casos.
Según el nuevo texto, constituye delito cualquier tipo de maltrato que provoque a una persona menosprecio psíquico, las amenazas leves con armas o instrumentos peligrosos y las agresiones, aunque no se produzca lesión. Son castigados con penas de tres meses a un año de prisión, que se aumentan a ocho meses si los hechos se producen en el domicilio familiar o de la víctima, en presencia de menores o quebrantando una orden judicial.
Fuentes jurídicas informaron que, en la mayoría de los casos, se están produciendo condenas de ocho meses, que no son de cumplimiento efectivo si no se registra reincidencia, que van acompañadas de la privación del derecho a tener y llevar armas hasta tres años, así como días de trabajo para la comunidad y otras medidas relativas a la patria potestad y custodia de los hijos.
DUREZA "En los últimos meses, se han producido peticiones fiscales de condenas de ocho meses a una persona por zarandear a su mujer en su domicilio, sin posibilidad de reducción ni aún con perdón de la víctima porque el Código no lo permite", explicó una letrada que ha intervenido en varios casos.
Por otra parte, fuentes judiciales reconocieron que, en ocasiones, las medidas que se adoptan comportan una doble pena, como la orden de alejamiento a 500 metros cuando los implicados viven en pueblos, lo que conlleva el destierro.
"Las penas pueden resultar muy severas en relación con otros delitos, pero las agresiones de género siguen alza pese a esta dureza y la sociedad reclama acabar con esta lacra o, al menos, reducirla", manifestó el juez decano, Luis Pastor.
