El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas (JREAZ) Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas (JREAZ)y su web, un órgano con el que la ciudadanía podrá tramitar sus reclamaciones en materia tributaria de principio a fin en un tiempo máximo de un año, en el que caso de que las cuantías superen los 6.000 euros, y de seis menos sin son inferiores.

Se trata de la puesta en marcha de un órgano con el que cuentan desde hace años la mayoría de ciudades grandes y que estaba previsto desde 2004, pero que según la concejala de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, ningún gobierno de la ciudad se había "atrevido" a impulsar.

La junta permitirá a la ciudadanía presentar una reclamación contra cualquier acto de gestión, de recaudación e inspección tributaria e ingresos de derecho público (recibos, liquidaciones o actuaciones inspectoras tributarias).

A partir de ahora, los ciudadanos y las empresas podrán tramitar sus reclamaciones en un plazo de un mes desde que se les notifica el recibo o liquidación de cualquier tributo o tasa municipal, ante la propia junta, ubicada en el edificio El Cubo, junto a La Romareda, ante cualquier registro municipal y también por vía telemática.

Respuesta rápida

Navarro, quien ha comparecido junto al presidente y la secretaria de la JREAZ, Jesús María Royo y Concha Rincón, ha subrayado que el objetivo es dar respuesta de manera rápida al ciudadano en sus reclamaciones al establecerse dos procedimientos: abreviado, para reclamaciones por cuantías que no superen los 6.000 euros, con un plazo de resolución de seis meses, y el ordinario, para impugnaciones de más de 6.000 euros, y en este caso el plazo para resolver es de doce meses.

Se trata de un servicio gratuito prestado por un órgano independiente del ayuntamiento de Zaragoza con el que la ciudadanía se puede relacionar de manera telemática "desde el inicio hasta el fin", desde el inicio del procedimiento hasta su resolución, un paso importante, ha insistido, para cumplir con el compromiso de innovación en la relación tributaria del ciudadano con el ayuntamiento.

Por su parte, el presidente ha insistido en que la junta supone un cambio de modelo en las relaciones entre el ayuntamiento y la ciudadanía en materia jurídico-tributaria y beneficiará a ambas partes, dotando a la actuación del consistorio de mayor transparencia y legalidad, potenciando la protección del derecho de tutela judicial efectiva.

Las reclamaciones en materia tributaria ahora serán ante la junta, que es un órgano independiente al ámbito ordinario del consistorio y cuyas resoluciones tendrán carácter vinculante.

Las tramitaciones de las reclamaciones es el fin nuclear de este órgano -y serán necesarias antes de recurrir a la vía contencioso-administrativa, que siempre estará garantizadas-, pero también tiene por objetivo la emisión de dictámenes respecto de los proyectos de ordenanzas fiscales que el ayuntamiento pueda establecer y de estudios en materia tributaria.

Navarro espera que el ciudadano vea que el ayuntamiento piensa en la ciudadanía para que su día a día sea más fácil y no tenga que perder el tiempo en trámites burocráticos, citas y colas.