Aragón dispone de mascarillas tipo FFP2 y pantallas faciales para tres semanas

Así lo ha indicado durante una comparecencia telemática ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, solicitada por el PP, en la que ha reconocido que hay una "dificultad" con guantes y batas.

Sobre estas últimas, ha comentado que el proveedor habitual del Servicio Aragonés de Salud (Salud) "está agotado" y por eso se ha acudido a las empresas aragonesas para que "adapten" su producción y "todo el sector textil aragonés está trabajando" de forma que se va a poder tener suministro pronto para poder paliar "al menos en parte" la necesidad.

La consejera ha precisado que "entre lo que tenemos en stock, lo que hemos utilizado y comprado", incluyendo el material pendiente de llegar, suman 8.724.011 mascarillas quirúrgicas, 1.311.311 mascarillas FFP2 y 5.113.000 pares de guantes.

Ha añadido que entre lo comprado y no recibido se encuentran 3.420.000 mascarillas quirúrgicas, 930.000 FFP2 y tres millones de pares de guantes, que se adquirieron "hace casi dos semanas" y "espero que el lunes tengamos una gran parte de ese cargamento". En el caso de las mascarillas FFP2, ha apuntado que cuando se reciban, permitirá tener provisión para 44 semanas.

En este punto, ha indicado que las estimaciones se han hecho tenido en cuenta "las necesidades detectadas en todos los sectores" a los que atiende el Ejecutivo, que son sanidad, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, comarcas, ayuntamientos, sector agrario a través de las cooperativas, justicia, policías locales, bomberos y agrupaciones de voluntarios de protección civil. Ha añadido que se va a iniciar el reparto a través de las diputaciones provinciales.

Esfuerzo

La consejera de Presidencia ha subrayado el "esfuerzo" realizado en una situación de mercado "caótica" y de "colapso", y ha recordado que la aportación del Gobierno central ha sido de 1.225.540 mascarillas quirúrgicas, 62.374 FFP2 y 414.000 pares de guantes nitrilo.

También ha detallado que el sector empresarial aragonés ha realizado una donación de 5,7 millones de euros, además de haber facilitado "contactos" por parte de los que están familiarizados con estos mercados internacionales.

Mayte Pérez ha manifestado que, ante la mayor crisis sanitaria y económica desde la Segunda Guerra Mundial, una de las principales dificultades ha sido el suministro de material, "pero es un problema común a todo el mundo".

En este contexto, ha remarcado la importancia de la coordinación y cooperación entre Administraciones, ha reconocido la "unidad y lealtad" por parte del grupos de la oposición en Aragón, a quienes el Gobierno ha mantenido informados a través de diferentes canales, que han servido también para "dar respuesta a las propuestas y críticas constructivas".

En el caso de los ayuntamientos, ha esgrimido que van a ser "parte fundamental en la senda de recuperación" y ha asegurado que hay un contacto semanal y a veces diario con las entidades que les representan, también con comarcas y diputaciones provinciales mediante la Comisión Operativa de Cooperación y las unidades comarcales de coordinación.

Falta de previsión

La diputada del PP, Mar Vaquero, ha considerado que la "falta de previsión" se ha derivado en "errores" y en carencia de material de protección y de pruebas, ha subrayado la "trascendencia jurídica" de realizar una contabilización adecuada de las personas fallecidas por COVID-19 y ha pedido al Gobierno de Aragón que rectifique y "se ponga de lado y no de frente" a los ayuntamientos porque "de aquí tenemos que salir todos juntos".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha opinado que el Gobierno ha transmitido "transparencia y seguridad" en la gestión de la crisis y ha hecho "esfuerzo por aprovisionarse, en colaboración con empresas y sociedad".

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs), Beatriz García, ha comentado que en el caso de los equipos de protección individual "la situación inicial fue caótica" y ha incidido en la necesidad de agilizar los certificados de defunción por parte del Registro Civil porque hay familias que "no tienen para comer y no pueden desbloquear el dinero de sus cuentas o tramitar una pensión de viudedad".

La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha resaltado la importancia de la información y de hacer frente a los bulos y sobre el plan aragonés para la recuperación social y económica ha considerado que ha de ser un "escudo social potente para no dejar a nadie atrás".

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha señalado que el escenario "ha sido de muchas incertidumbres", en el que ha habido que tomar decisiones "muy rápidas", con "café para todos", si bien "ahora probablemente el confinamiento no sería igual".

El portavoz del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha manifestado que "una vez encauzada" la crisis sanitaria, "nos preocupa el 'tsunami' que pueda arrasar el tejido productivo" y por eso "hay que poner toda la carne en el asador para apoyar a pymes y autónomos", que son quienes fijan población.

Preguntas

La comisión ha incluido en el orden del día cuatro preguntas parlamentarias. La diputada 'popular' Mar Vaquero se ha interesado sobre el pago del IVA que el Gobierno de España adeuda a los municipios aragoneses y ha pedido que el presidente de Aragón, Javier Lambán, "lo reclame" porque los ayuntamientos "van a tener que afrontar tareas impropias de sus funciones" más si cabe a partir de ahora.

Por su parte, la titular de Presidencia ha asegurado que el Gobierno autonómico "se ha posicionado en contra de que no se devuelva ese IVA" y ha defendido que "lo que es de cada Administración debe dejarse en manos de esa Administración porque todos los recursos van a ser insuficientes" en esta crisis sanitaria.

Vaquero también ha preguntado sobre las primeras medidas que tomó el Gobierno autonómico ante la pandemia porque "si se empezó a trabajar en el protocolo de actuación el 23 de enero, no se tomaran medidas efectivas para afrontar la crisis hasta mucho después", para reclamar previsión "ante la posible recaída de octubre".

Mayte Pérez ha dicho que el primer protocolo entre el Gobierno de España y las Comunidades autónomas se hizo el 23 de enero y, desde entonces, ha habido reuniones diarias del Ejecutivo autonómico. "Le aseguro que técnicamente de manera sanitaria y política se actuó cuando vimos que la situación era importante. Nos lo tomamos en serio", ha enfatizado.

Por último, la diputada 'popular' ha querido saber su opinión sobre "la posible confiscación por parte del Gobierno de España del remanente de los ayuntamientos", que el Ejecutivo central "no ha salido a negar de manera tajante" y ha solicitado que a los ayuntamientos "se les garantice que van a poder usar sus remanentes".

La consejera ha remitido a la diputada del PP al Real Decreto del 17 de marzo de medidas urgentes para hacer frente al impacto de la COVID-19 donde se menciona el destino del superávit de 2019 de las entidades, "y no supone una amenaza de confiscación por parte del Estado, sino todo lo contrario".

Por su parte, la diputada de Cs, Beatriz García ha preguntado por la entrega de material de protección a los abogados del servicio de guardia de asistencia al detenido y a los de violencia de género porque hasta ahora "la seguridad no está garantizada". Pérez ha confiando en que superada la dificultad de adquisición, llegue "a todos los colectivos que se exponen a situaciones de riesgo en esta epidemia", al tiempo que ha reconocido el trabajo de estos profesionales.