Para conseguir que el #quedateencasa sea lo más efectivo posible, la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha movilizado a agentes de diferentes unidades y grupos que están peinando las diferentes ciudades de la comunidad autónom

La calle Conde Aranda, en pleno centro de la capital aragonesa, ha sido una de las vías elegidas para dar el alto a toda persona o conductor que circulaba en ese momentos. A todos ellos se les ha recordado que salvo para ir a trabajar, hacer la compra o para atender a una persona con necesidades específicas como personas mayores o con necesidades de dependencia. A ninguno se le ha sancionado.

La Orden del ministerio del Interior señala que aplicará también el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida en algunos círculos como "ley mordaza". Ese artículo califica como "infracción grave, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones... así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".

Los ciudadanos que no hagan caso a sus indicaciones podrían ser acusados de un delito de desobediencia o uno de resistencia a la autoridad, según cada caso. Esas normas contemplan multas que van desde los 100 euros (casos leves) a los 600.000 euros si se trata de casos muy graves.

En principio, la instrucción es que las infracciones se clasifiquen mayoritariamente como infracciones graves, es decir, las castigadas con explican fuentes de Interior.

Las sanciones leves (entre cien y seiscientos euros) serían, explican fuentes policiales, para quienes cometieran faltas de respeto o quitaran precintos de lugares acordonados. Las más graves, con carácter excepcional, se pueden aplicar solo a personas o grupos que intenten ocupar infraestructuras críticas como aeropuertos o bien organicen actividades y reuniones privadas, como conciertos o fiestas piratas en discotecas. En estos casos, las multas irán de 30.001 euros a 600.000 euros.