La necesidad de que las residencias sean consideradas como un servicio estratégico y esencial, diferenciar entre centros para mayores y personas con discapacidad, la necesidad de dotarlas de recursos humanos y económicos y de mejorar los salarios de sus profesionales son algunos de los aspectos que han reclamado en las Cortes de Aragón las principales entidades del sector.
Así se ha puesto de manifiesto durante la comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón creada para analizar las consecuencias de la pandemia del covid-19 en este sector.
La primera en intervenir ha sido la investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Eloísa del Pino, quien ha expuesto los principales aspectos recogidos en el informe "Mc Covid-19 2020: Mecanismos de Coordinación entre la política sanitaria y otros sectores de política pública para agilizar la respuesta a las crisis: relaciones entre el sistema sanitario y la atención institucionalizada a mayores en contexto de pandemia en España y en Europa", en el que han participado investigadores de 15 países europeos.
Un informe en el que se constata que los problemas de España y de los países del entorno han sido "casi una fotocopia" y con un impacto en las residencias "alto y similar" y también con una segunda ola en la que la incidencia ha sido menor y con menos fallecidos, lo que demuestra que las residencias e instituciones "han aprendido" a pesar de que no se ha hecho una evaluación sistemática, ha explicado la investigadora.
Ha incidido en que el Gobierno debe valorar "hasta qué punto se deben incluir a las residencias en los planes estratégicos" y entenderlas como una infraestructura esencial, dado que sus usuarios son personas de avanzada edad, con limitación de la autonomía y con otras patologías.
Según Del Pino, se ha evidenciado que algunas autonomías no conocían los planes ante epidemias, así como déficits en los sistemas de vigilancia, sobre todo en las residencias de mayores, que tienen que ser fortalecidas, de la coordinación intersectorial entre Servicios Sociales y Sanidad, "una de las claves en la magnitud de la pandemia", a nivel interterritorial y de la gestión intergubernamental de los datos.
Del Pino ha señalado la importancia de que los planes de contingencia sean asesorados por expertos "in situ", de saber qué tiene que hacer cada nivel de gobierno y de mejorar la financiación de los centros pero cuidando de que revierta también en los trabajadores.
En este sentido, ha advertido de que se trata de un sector en el que el 84 % de los profesionales son mujeres, con "bajísimos salarios" e "inadecuados ratios", quienes además tienen que asumir tareas para las que no están preparados.
Además, se desconoce "a ciencia cierta" cuántas residencias, plazas ocupadas y trabajadores existen.
Por eso ha abogado por "repensar" el sistema de cuidados, por estructuras "coordinadas", por "huir" de la medicalización y por mejorar el problema de la desprofesionalización. "Si mejoramos el funcionamiento de los servicios sociales se va a mejorar la calidad del empleo y devolver parte de la inversión a los jóvenes y que empresas y administración puedan mejorar la actividad económica", ha concluido.
La presidenta de CERMI-Aragón, Marta Valencia, ha puesto en valor la calidad de los centros que gestionan pese a los elevados ratios en discapacidad, si bien ha advertido de que contar con recursos económicos y humanos de forma sostenida es fundamental para una buena gestión.
Desde la Asociación de Salud Mental de Aragón, su presidenta, Concepción López Cordero, ha alertado del empeoramiento de la condición mental no solo de la población en general sino entre quienes ya tenían problemas, debido al aislamiento y la ruptura de la rutina diaria, "un desestabilizador brutal con consecuencias demoledoras", a lo que se suman la brecha digital que sufren estas personas y la situación que atraviesan los trabajadores, que se encuentran, ha dicho, "al borde del colapso, con experiencias que difícilmente olvidarán y que podrán derivar en enfermedades mentales".
López ha destacado la necesidad de potenciar la figura del asistente personal desde el sistema público, un profesional que trabaja para atender las necesidades de la persona promoviendo su autonomía, y de servicios que promuevan la inclusión de la comunidad, porque contribuirían a aliviar la carga de los servicios sanitarios y sociales
Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión, ha relatado las dificultades con que afrontaron la pandemia, con medios propios y una "falta de coordinación" entre Servicios Sociales y Sanidad, con "órdenes contradictorias que generaban incertidumbre en los protocolos de actuación" y sin diferenciar entre entre personas mayores y con discapacidad, "cuyas necesidades son diferentes".
También ha puesto de manifiesto el impacto de las medidas en esta población, que tras nueve meses de pandemia todavía no puede asistir a servicios de fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia, que en muchos casos, ha explicado, son la única vía que tienen para contactar con la sociedad más allá de sus familias.
"Están sufriendo las medidas de control con mayor impacto que el propio virus", ha lamentado Villanueva, quien ha asegurado que estas personas están sometidas a unas medidas "mucho más restrictivas que el resto de la población", lo que les genera una "desestabilización importante" y descontrol de los impulsos con agresiones a los profesionales.
Villanueva ha incidido asimismo en el incremento de los costes que han tenido que soportar para implementar las medidas sanitarias, pese a que se trata de entidades sin ánimo de lucro, con plazas concertadas, lo que le hace prever un 2021 "complicado que compromete el funcionamiento de estos centros".
