La justicia es lenta. Es una frase recurrente. Pero resulta que los estudios no lo reflejan de este modo, al menos a nivel comparado con el resto de socios de la Unión Europea (UE). El sistema español sobresale en la duración de los pleitos comerciales que afectan a las empresas, con una media de 510 días, y en la escasa dotación presupuestaria para la justicia, con 27 euros per cápita frente a los 50,4 de la media de los 15 principales países comunitarios. Otro de los rasgos distintivos es la tasa de litigiosidad, con unos 38 asuntos por cada 1.000 habitantes, más del doble de la media de 15 países comunitarios; así como en una elevada producción de leyes y normas.
El análisis Implicaciones económicas del funcionamiento de la justicia en España, realizado por el Consejo General de Economistas revela que la duración de los procedimientos civiles y mercantiles se sitúa en torno a la media en España, con 264 días, frente al promedio de 246 días de la UE. Alemania, con 183 días, está en la parte baja; mientras que Francia, con 311 días y, especialmente, Italia, con 590, en la alta, según los datos de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) recogidos en este estudio.
El informe se basa en que «el funcionamiento del sistema judicial incide de manera directa en el desarrollo económico» y, por tanto, en la inversión y la actividad de un país. Es por ello que resulta revelador que el problema se dé en las disputas comerciales, en las que la media de resolución en España es de 510 días, frente a los 429 de Alemania o los 395 de Francia. El tiempo medio para resolver este tipo de pleitos apenas ha variado entre el 2003 y el 2015, ya que pasó de 515 días al principio de ese periodo a 510 al final, según los autores del informe a raíz de los datos del informe Doing business, que elabora el Banco Mundial y en el que España está en el puesto 32 en facilidad para hacer negocios.
Destaca la duración de los asuntos en el ámbito concursal en los juzgados mercantiles, los que tienen mayor acumulación de trabajo, al pasar de una media de 28,2 meses en el 2011 a 41,6 en el 2015. Y eso pese a que en los últimos años ha crecido el tratamiento de las insolvencias mediante soluciones extrajudiciales, preconcursales, como acuerdos de refinanciación y extraconcursales tras la reforma de la ley concursal en el 2011 para facilitar estos acuerdos.
Otro aspecto que caracteriza a España es «la tendencia a publicar más normas», que es justo lo contrario de lo que sucede en el resto de Europa. El número de disposiciones normativas aprobadas por el Estado y las 17 autonomías «multiplica por 10 las producidas por el Estado federal alemán, con una población que casi duplica la española».
Solo en el 2015, se aprobaron en España 884 normas de distinto rango a nivel estatal, un 25% más que en el 2014. Se editaron 176.500 páginas en el BOE, lo que supone el 3,9% más.
SEGURIDAD JURÍDICA
Según el informe, la seguridad jurídica, que permite atraer el capital y los recursos productivos para crear riqueza y generar empleo, «pasa por la elaboración de normas más sencillas, estables en el tiempo y de mejor técnica jurídica».
La litigiosidad, aunque se redujo en un 2,9% en 2015 con respecto al 2014, sigue siendo uno los rasgos del sistema español. Eso, según los autores del informe, «podría deberse a que los usuarios del sistema judicial español, cuando acuden a los tribunales, soportan menores costes que los usuarios de otros países».
