La ley que ha aprobado el Gobierno para facilitar la refinanciación y reestructuración de los créditos de compañías viables y evitar así su cierre permitirá que la deuda del conjunto de empresas españolas caiga desde el actual 130% del PIB a al menos el 120%, aunque el descenso podría ser incluso «superior», según fuentes del Ministerio de Economía. El PIB cerró el año pasado en 1,329 billones de euros, con lo que la reducción sería de unos 102.000 millones.
Si se confirma, se tratará de un importante balón de oxígeno para el tejido empresarial y de un descenso notable: en el 2010 estaba en el 143% del PIB. El recorte se logrará fundamentalmente mediante las quitas en el montante que las empresas deben a sus acreedores (bancos, sobre todo, pero también fondos de inversión), que la nueva norma quiere incentivar.
La ley pretende también poner coto a los llamados fondos 'buitre' y demás firmas que buscan «sacar un beneficio con un chantaje derivado de un derecho de voto (en la empresa), obligando a los demás acreedores a comprarle ese derecho» y bloqueando cualquier acuerdo de refinanciación hasta lograrlo. «Podrán seguir comprando y vendiendo deuda, pero no hacer un aprovechamiento oportunista», apuntan las fuentes.
Para lograrlo, el Gobierno ha cambiado la ley concursal para permitir acuerdos individuales entre la empresa y alguno de sus accreedores siempre que mejoren la situación patrimonial de la firma. Además, ha ampliado el ámbito de los acuerdos entre varios acreedores homologados judicialmente (podrán pactarse quitas y la conversión de deuda en acciones, además de aplazamientos) y ha reducido el porcentaje de acuerdo necesario para que sean de aplicación a todos los acreedores, aunque no apoyen el pacto (a entre el 51% y el 75%, según el caso).
Medidas
Además, se dan facilidades a los bancos para que puedan cobrar la deuda que no canjeen por acciones y el nuevo crédito que presten en caso de que la empresa entre en concurso finalmente, entre otras medidas. Economía cree que las quitas serán más habituales en las pymes y la conversión de deuda en capital, en las empresas grandes.
El Gobierno ha recogido muchas peticiones de la banca, pero ha rechazado dos importantes: Hacienda y la Seguridad Social seguirán siendo las primeras en cobrar en caso de quiebra y no se creará un fondo que aglutine las acciones que se queden los bancos. Las entidades están a la espera de que el Banco de España cambie la normativa para saber cuántas provisiones podrán liberar gracias a la conversión de deuda en acciones.
"Los bancos socios de la AEB muestran su disposición a colaborar con el Gobierno en este proyecto que puede ser positivo para la economía española en tanto que facilita la supervivencia de aquellas empresas que puedan ser viables a pesar de su elevado endeudamiento. En todo este proyecto, los bancos españoles tendrán que asumir, una vez más, la asunción de mayores compromisos a través de quitas de la deuda, capitalización de la misma y otras fórmulas de refinanciación contempladas en esta iniciativa", apuntaron fuentes de la patronal bancaria.
