Aragón está representado en el informe de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente durante la primera ola del covid a través de los datos facilitados por la Fundación Luis de Azúa. «En nuestro caso, la vulneración de derechos más reseñable es la relacionada con la movilidad y libertad de circulación de las personas en régimen residencial, ya que no han ido a la par del resto de la ciudadanía en los momentos de alivio», señala Estefanía Modrego, trabajadora social de la entidad aragonesa.

No es difícil imaginar cómo se sienten las personas instucionalizadas en Aragón, a cuatro de días de cumplir un año de confinamiento domiciliario. «No han podido salir solas a pasear, a tomarse un café en el bar de al lado o a comprarse tabaco al estanco de siempre, como hemos hecho el resto de los ciudadanos, sino que han seguido con sus vidas dentro de los correspondientes centros», expone Modrego.

Para muchos, su única salida en estos doce meses ha sido para ir al médico. «Hemos tenido que ir a recogerles a la residencia y acompañarlos de vuelta como medida de seguridad, firmando una declaración responsable como tutores o curadores legales», aunque fueran personas autónomas acostumbradas a acudir ellas solas a la consulta.

Esto ha tenido sus consecuencias, «sobre todo, a nivel psicológico y cognitivo», apunta la trabajadora social. «Han perdido todo tipo de ocio más allá de las paredes de su casa y no han podido relacionarse más allá de la institución. Su red de apoyo natural -el voluntariado tutelar- ha decaído notablemente y, a día de hoy, tienen el estado de ánimo bastante menguado, ya que llevan muchos meses de incertidumbre, esperando una vía de escape, como la hemos tenido el resto», agrega.

Todo ello se ha traducido en problemas de salud. Algunos «han sufrido alteraciones de conducta como consecuencia de esta situación, teniendo que derivarles incluso a urgencias psiquiátricas». Un año de vida sedentaria, sin apenas opciones de ocio y deporte al aire libre, también ha hecho mella en su forma física.

Otro problema es que, cuando se pudo salir de la residencia, no se podía regresar antes de los diez días, y luego había que pasar dos semanas en aislamiento, aún con PCR negativa. Muchas personas han tenido que elegir entre quedarse en el centro o salir y permanecer en el domicilio que visitaban por más tiempo del deseado. Y en el caso de las fundaciones tutelares, «al no acudir la persona a un hogar familiar, el tema se complica todavía más, ya que no podemos asegurar que puedan permanecer fuera del centro el tiempo necesario».

Al menos, en Aragón «no se le ha negado la asistencia sanitaria ni hospitalaria a ninguna de las personas que apoyamos», concluye Estefanía Modrego.