Cabe preguntarse cuál es la posición política del Gobierno de Aragón en relación a la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. La disposición adicional décimotercera - Ayuda a los países más desfavorecidos del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el Ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 16 de marzo, prevé el destino de «2.106.027,00 euros a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo». Por su parte, la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016 (BOA de 3 de febrero) establece en la misma disposición adicional la cantidad de 2.524.500 euros al mismo fin.

Entre el presupuesto aprobado por las Cortes para el ejercicio pasado y la propuesta del Ejecutivo para este 2017 hay una caída de 418.473 euros, lo que supone una reducción del 16,6%. Estos datos son fáciles de obtener por cualquier persona gracias a los avances en transparencia de las administraciones públicas, pues la fuente es el propio Gobierno de Aragón, a través de su página web institucional. Lo que resulta más difícil es interpretarlos. Y es que las organizaciones y personas que trabajamos por la construcción de un mundo más justo y equitativo a través de la solidaridad internacional estamos perplejas y desoladas. Y agotadas.

El progresivo desmantelamiento de la cooperación al desarrollo viene de lejos, pues esta política fue una de las principales damnificadas de los ajustes y recortes presupuestarios del gobierno nacional en el 2012, con reducciones del orden del 70%. El ejemplo cundió y el Gobierno de Aragón aplicó un recorte drástico ese mismo año, de forma que la ejecución se redujo en un 76% respecto al máximo alcanzado dos años atrás. Aquel gobierno del PP-PAR mantuvo esa dinámica durante toda la legislatura.

Lamentablemente, el actual gobierno del PSOE-CHA no solo sigue la misma tendencia, sino que la propuesta del anteproyecto va más allá, pues supondría una reducción acumulada superior al 80% desde el 2010, y el descenso del esfuerzo sobre el presupuesto total por debajo del 0,04%.

Los 2.106.027 euros previstos serían la cifra neta más baja… ¡desde 1999! Pero hay otros datos que revelan aún más incomprensible esta situación, como es que el presupuesto total del Gobierno de Aragón aumenta y volvería a ser similar al de hace 7 años, o que el del departamento de Ciudanía y Derechos Sociales (del que depende la cooperación) ha crecido más del 8% respecto al 2016, y los servicios sociales en su conjunto acumulan un aumento del 23,8% en los dos últimos años.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó este anteproyecto de Ley de Presupuestos, el consejero de Hacienda declaró que a este presupuesto «se le sale lo social por todos los lados». Confiamos en que esta no sea verdaderamente la posición del Gobierno de Aragón, y se reconozca al menos que sus políticas sociales hacen aguas por el lado de la cooperación ya que, lejos de apostar por ella, se propone reducirla, a pesar del contexto expansivo en el presupuesto global, y en el de dichas políticas en particular.

Creemos honestamente que la generalidad de las personas y entidades que nos dedicamos a lo social compartimos que no cabe una solidaridad exclusiva con nuestras personas pobres y en situación de vulnerabilidad. Y que, en un mundo global, la ética y el afán por la justicia y la equidad nos obliga a volver la mirada más allá de nuestras fronteras y contribuir alineados con las demandas y esfuerzos de la comunidad internacional a aliviar el sufrimiento de todas las personas, a garantizarles unas mínimas condiciones de vida digna y el reconocimiento efectivo de sus derechos fundamentales.

Frente a rancias propuestas de solidaridad excluyente por razones de nacionalidad o creencias; frente a ideologías y políticas de mirada corta que estigmatizan a las personas que huyen de la miseria y solo saben responder con muros y controles que la contengan fuera de nuestras fronteras, proponemos solidaridad y cooperación. No hay política más noble que aquella que, sin desatender las demandas y necesidades de su propia ciudadanía, enfrenta los derechos humanos desde la dimensión universal que les es consustancial, y se compromete con el desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas y para todos los pueblos.

Necesitamos solidaridad y cooperación. Por justicia y para no acabar viendo crecer nuestros muros hasta que un día nos despertemos viviendo en un lugar sombrío, bajo una cúpula de indiferencia e indignidad. Y necesitamos políticos y políticas que abracen y defiendan estos valores. Que sean líderes de una sociedad que empatiza con el sufrimiento de cualquier persona, comprometida hasta la médula con la equidad, con amplitud de miras, valiente y responsable, de la realidad de un mundo global. Una sociedad de personas entusiastas y entusiasmadas de pasar por la vida haciendo de este mundo un lugar mejor para todas las personas.