Pese a las demandas de ACNUR y un gran número de oenegés, la única reacción de las autoridades griegas a la tragedia del pasado 29 de septiembre, además de la represión, ha sido el anuncio de más medidas para reducir la «presión migratoria». Tras una reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno Griego comunicó que aumentarán las devoluciones de migrantes a Turquía desde las islas del Egeo hasta las 10.000 para el año 2020.
Según el relato oficial, el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea de marzo de 2016 para impedir la migración por mar funcionaba. Aunque la Unión Europea envió personal y mucho dinero a Grecia, estaba claro que ni la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO por su siglas en inglés) ni la Frontex, podían ser la solución a largo plazo. Los procesos de asilo en las islas griegas, lugar que los refugiados no podían abandonar desde la entrada en vigor del acuerdo, tendrían que estar tramitados en pocos días o varias semanas como máximo. La realidad es que esos procesos duran muchos meses, cuando no años, produciendo un colapso absoluto.
El trato con Turquía preveía trasladar de vuelta a Turquía a los migrantes cuyas solicitudes de asilo fueran rechazadas, es decir, la gran mayoría. Hasta el momento, eso solo ha sucedido con 2.200 personas. Por cada solicitante de asilo rechazado y trasladado de vuelta a Turquía, la Unión Europea había prometido acoger un refugiado sirio. En total, este contingente tendría 72.000 plazas. Hasta ahora, apenas 25.000 refugiados procedentes Turquía han sido reubicados en la Unión Europea como parte de ese contingente.
La situación de Lesbos no es muy diferente en otras islas griegas, al menos en términos de hacinamiento y falta de servicios. Unas 5.000 personas esperan ser trasladadas al continente en el campamento de refugiados de la isla de Samos, con capacidad para 700. En la de Quíos, donde apenas caben otras 700, se agolpan a unas 3.000.
