La última misión del Open Arms se saldó con un final feliz. Los 118 rescatados por el buque español y los 119 rescatados por el barco alemán Sea Watch 3 desembarcaron en Italia, en el puerto de Mesina y de Tarento, el pasado 15 de enero. Una dura travesía que no siempre termina de la misma manera. Y es que, si por algo ha estado marcado el 2019 para los buques humanitarios, es por las trabas administrativas.
El Open Arms comenzó el año bloqueado en el puerto de Barcelona. El Ministerio de Fomento le denegó el permiso de salida hacia la zona de salvamento y rescate del Mediterráneo central apelando al cierre de los puertos de Italia y Malta, entre otros motivos. Tras seis meses de bloqueo, el barco levó anclas y partió hacia la zona a pesar de que no contaba con la debida autorización. «En ese periodo murieron 400 personas en el Mediterráneo central. Fue una acción deliberada para que no hubiera nadie rescatando», espeta Camps. La decisión de volver a navegar en contra del criterio de las autoridades españolas llevó a la oenegé a recibir una amenaza de multa de más de 900.000 euros.
Posteriormente, la prohibición de entrada en aguas italianas provocó que el pasado mes de agosto el barco estuviese a la deriva frente a Lampedusa durante 20 días con alrededor de un centenar de personas rescatadas a bordo. El tira y afloja con el exprimer ministro italiano, Matteo Salvini, fue constantes, quien amenazó con multas si se dirigía a puerto italiano para desembarcar a los migrantes.
Finalmente la Justicia ordenó el desembarco. «Nos han obligado a dedicar mucho tiempo a trabas jurídicas, mucho dinero y tiempo, y eso supone mucho desgaste para una oenegé tan pequeña», lamenta el fundador de la organización. «Hemos perdido doce barcos de rescate en los últimos años. Las trabas y el bloqueo consciente contra ellos son cómplices de las más de 1.200 muertes registradas en lo que va de 2019 en el Mediterráneo», sentencia Camps.
