Las valoraciones políticas cuando se conocen las partidas presupuestarias del Estado que afectan a Aragón podrían estar escritas en una plantilla. Casi todos los años se adjetivan por igual. Buenas para el partido que gobierna en Madrid y pésimas para los que están en la oposición, que suelen apelar a lo poco que pinta Aragón en el conjunto del Estado. En realidad, este discurso vale para todas las comunidades autónomas, no contentan a ninguna.
No hay nada más manipulable que las cifras y, a la vez, nada es más objetivo que ellas. Y la realidad, la única realidad, es que el proyecto presentado por el Gobierno mejora un 32% las inversiones respecto al anterior. Muchos de los reparos realizados sobre el mismo parten al compararse no con el proyecto del año anterior, sino con la ley ya enmendada tras su tramitación parlamentaria. Y también porque han puesto el foco en la ejecución del año anterior, que fue muy baja. A lo que se agarra la oposición también, y ahí no le falta razón, es que el año pasado el peso del presupuesto suponía el 5% del total de todo el Estado, mientras que este año es únicamente el 4,4%.
Todos y nadie tienen razón. Una tentación muy habitual en el partido que defiende los presupuestos en Aragón es apelar al gasto por habitante. Porque esa cifra siempre resultará muy ventajosa al tratarse de una comunidad muy despoblada donde cada kilómetro de autovía o de ferrocarril, dividido entre pocos, supone una alta inversión. Una pequeña trampa que, eso sí, es consecuencia de una disposición del Estatuto que, como suele pasar en la política aragonesa cuando mira hacia el Congreso, se redactó de forma timorata para seguir defendiendo esa lealtad institucional con el Estado, al que luego se le exige, con poco éxito, que corresponda con la misma moneda.
Con la disposición estatutaria, el Estado no está obligado prácticamente a fijar una cantidad sobre inversión, ya que en ella solo se señala que habrá una «ponderación» de las características especiales de Aragón en cuanto a población y dispersión. O sea, nada. Un parámetro que se pondera en lugar de cuantificarse. Eso no exime de que, todos los años, los mismos que no quisieron molestar con las pretensiones se lleven las manos a la cabeza y se sientan mal tratados por «Madrid». Con el ejemplo de este año, habría que ponderar el 2,8% que representa Aragón por población, con el 3,1% que supone en el PIB nacional y el 10% por su extensión geográfica. Este año, el Estado ha decidido que esa ponderación suponga el 4,4% del total.
Otras comunidades, como Andalucía, Valencia o Cataluña, fueron más hábiles y fijaron en sus Estatutos un porcentaje concreto, en función, generalmente, de su PIB. Eso es lo que ha facilitado que Cataluña reciba un 18% del total del presupuesto, lo que ha provocado que ya no solo exista la falaz afirmación independentista de España nos roba, sino que ahora quienes apelan a la unión y el constitucionalismo protesten con otra falacia como es Cataluña nos roba. Olvidando que, en realidad, solo se está cumpliendo con el Estatuto de Cataluña, que durante muchos años no se ha cumplido. Y mientras, una vez más, la Navarra -con un beneficioso a la par que poco solidario régimen fiscal- ve aumentada la inversión un 100% sin que ninguno de esos partidos ponga en ella el centro de sus iras.
Guiños al nacionalismo
Pero el proyecto presentado se enfrenta, principalmente, a dos problemas que invalidan cualquier juicio que se pueda establecer sobre ellos. Independientemente de que sean considerados buenos o malos, son un papel que corre el riesgo de quedar en un cajón. En primer lugar, porque el Gobierno tiene francamente complicado aprobarlos, por mucho que haya guiños a las fuerzas que, como ERC o PDeCat, tienen que apoyarlos para que sean aprobados. Y aquí de nuevo surge la paja en ojo ajeno. Quien denuncia hoy los guiños al nacionalismo olvida que el año pasado el PP hizo lo mismo con el PNV, que logró 4.000 millones adicionales para el País Vasco. En realidad, así ha sido desde el inicio de la democracia. Todos los Gobiernos han necesitado apoyarse en partidos nacionalistas y han atendido generosamente sus pretensiones para conseguir sus votos.
La ejecución
Otro de los problemas de este presupuesto, si sale aprobado, es el de la ejecución, verdadero caballo de batalla de todas las cuentas públicas cada ejercicio. Es decir, no importa tanto el dinero que se escriba en un papel como que este realmente se gaste, se invierta en las obras prometidas. Lo que suceda con estos es una auténtica incógnita.
Aunque mucho se ha hablado estos días de las cuentas, en líneas generales han gustado en la DGA -que tampoco vieron mal del todo los del año pasado aunque eran del PP y tenían una cifra inversora mucho menor- y han disgustado al resto de partidos, que coinciden en resaltar el escaso peso específico y la falta de algunos proyectos importantes, principalmente los relativos a la N-232 de Fuentes de Ebro a Valdealgorfa (en lo que también coincide el PSOE). Algo que, con toda probabilidad, mejorará con enmiendas, al tiempo que se pretende que la elevación de aguas del Ebro a Andorra tengan una consignación propia, ya que es un compromiso del Gobierno y, por el momento, no figuran en la distribución territorializada.
