Mientras el equipo económico del Ayuntamiento, que preside el catedrático Alberto Lafuente, buscaba fórmulas para subir los impuestos a los ciudadanos y poder cuadrar las cuentas, la hacienda local se dejaba escapar 3,3 millones de euros (unos quinientos millones de las antiguas pesetas). Los cerebros económicos del ayuntamiento no han dado los pasos que había que dar para corregir las deficiencias en el sistema de notificaciones que impedían cobrar los impagados, ni caían en la cuenta de que en el primer semestre del año prescribían recibos de multas de tráfico, impuestos de agua, vertido y basuras, circulación, veladores, licencias de apertura y fiscales, IBI rústica y urbana e IAE, entre otros conceptos. En la empresa privada, las pérdidas ocasionadas por la desidia de los trabajadores suelen repercutir en sus bolsillos, pero el Ayuntamiento de Zaragoza lo ha tenido más fácil: en lugar de castigar a los suyos penaliza a los ciudadanos.
