Algo, llamado dinero, se mueve al margen, o en contra, de la política antipueblo español que realiza el principal partido de la oposición. Una prueba de ello la tuvimos el pasado 25 de junio cuando la organización de los empresarios españoles inició su asamblea anual leyendo el decálogo de conclusiones del encuentro que bajo el título Empresas españolas: liderando el futuro, había tenido lugar en días anteriores con asistencia personal de los principales empresarios del país.
Es sorprendente que ocho de las diez conclusiones coincidan con las propuestas del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. También es sorprendente que apenas se haya resaltado este hecho. ¿Por qué será? Pero veamos las propuestas una a una.
La primera es una apuesta por «las inversiones necesarias para hacer de España un país más competitivo, resiliente y sostenible» Y dentro de ellas destacan «las inversiones en energías verdes, que además pueden tener un efecto arrastre en el corto plazo».
La segunda es un canto a la seguridad jurídica como necesaria «para generar credibilidad y atraer y retener inversiones». Observemos que no se habla de que no haya cambios sino que estos se hagan dentro del marco jurídico, lo cual este Gobierno ha hecho siempre. Incluso dentro del torbellino de medidas nuevas que ha sido necesario improvisar, para contener la inesperada y desconocida pandemia, se ha respetado la legalidad escrupulosamente.
La tercera es una loa al «consenso y diálogo social para llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis». Con una coletilla de defensa de la reforma laboral sin citarla: «No se deben revertir reformas que han generado crecimiento económico y mejora del bienestar». Suponemos que la «mejora del bienestar» se referirá al bienestar de los grandes empresarios como ellos y no a amplios sectores de la población que han sufrido en sus carnes las duras consecuencias de esa reforma laboral.
La cuarta es tan genérica e interpretable como solicitar «un marco regulatorio» «adaptado a los cambios de la economía española».
En la quinta barren para casa y, sin la mínima autocrítica y sin dejar de pensar en su voluntad de «hacer negocio», piden mantener la privatización «en la prestación de servicios públicos tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras».
La sexta es el reconocimiento al apoyo recibido del Gobierno durante la vigente crisis, «a través de medidas que están funcionando, como los ERTE o las líneas de avales públicos».
La séptima es un cambio de campo de juego en el que, ahora, se pasan a pedir la «reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado».
La octava es un apoyo a las propuestas del Gobierno de «innovación y digitalización del tejido productivo, sobre todo de las pymes».
En la novena no sabemos qué admirar más, si el cambio de 180º de los que defendieron el austericidio o la desfachatez de solicitar simultáneamente «disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis» y a la vez «evitar, sobre todo, subidas impositivas en momentos de crisis económica». En Aragón ante actuaciones como esta solemos decir: «¡Qué morro!».
Tal vez para compensar lo anterior, en la décima y última conclusión, apuestan por «revitalizar el contrato social» y afirman que «la prioridad son las personas y el empleo», y que «no debemos dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales». Muy buena declaración que esperamos que, por primera vez, cumplan.
Las conclusiones no fueron leídas por el presidente de la CEOE sino por el presidente de Inditex, la mayor empresa española por capitalización bursátil, que acabó resaltando que «España tiene que apostar por Europa» y, olvidándose de la novena conclusión, que acababa de leer, solicitando «rigor presupuestario». Claro que probablemente lo exigía el guion porque detrás de este insólito apoyo al Gobierno están las muy probables ayudas europeas que, por primera vez, son sin condiciones y respaldadas solidariamente por todos los países.
Estamos hablando de 250.000 millones de euros en forma de préstamos a devolver y el doble, 500.000 millones, como subsidios sin devolución. Eso sí, condicionado a que avancemos en las reformas prioritarias para la UE, como la transición digital y energética y el saneamiento de las finanzas públicas. Del total de ayudas se estima que en torno a la quinta parte podría llegar a nuestro país. He aquí la clave explicativa de este insólito apoyo empresarial a un Gobierno que hace un mes era un objetivo a derribar para los que ahora le apoyan.
Ya lo dijo Quevedo: «Poderoso caballero es don dinero».
*Este artículo ha sido escrito también por José Luis Alonso y Tomás Funes. Los tres son miembros de la Plataforma Progresista de Zaragoza
