La jueza del Juzgado Mercantil Número 2 ha suspendido el tercer pago del concurso de acreedores del Real Zaragoza, que solicitó esa suspensión el pasado 26 de junio para anular el pago al que debía hacer frente el jueves 2 de julio de un montante de 2,4 millones, el 9% de los 27,2 millones que la entidad zaragocista debe abonar en las deudas a sus acreedores ordinarios. En un primer momento, la jueza, a finales de julio, decidió posponer su resolución hasta que no acabara la competición en Segunda. Y ahora ha decidido, tal y como se esperaba, a favor de la entidad zaragocista.

El club argumentó esta solicitud en las pérdidas por el parón de la competición liguera y la reanudación de la misma a puerta cerrada, además de la incertidumbre de si se jugará con público en el próximo curso y en qué porcentaje, y propone abonar este tercer plazo a los acreedores prorrateado en los cinco pagos posteriores hasta el 2025 para finalizar el convenio. El Zaragoza ya abonó las dos primeras anualidades, de 1,36 y de 1,679 millones respectivamente, en el 2018 y el 2019.

La solicitud del Zaragoza fue impugnada por cuatro de los acreedores, aunque dos de ellos, el Shakhtar Donetsk y el Milan, están entre los que más cantidades tienen pendientes. Los otros dos acreedores que se han opuesto a la propuesta son el exfutbolista Suazo y la empresa Andes Sport. La deuda global del Milan era al empezar el concurso de unos 2,36 millones (el 40% de los 5,9 millones por el traspaso de Oliveira que quedaron pendientes) y la del Shakhtar, de alrededor de 5,4 millones, el 40% de los 13,5 que se fijaron de traspaso por Matuzalem tras el conflicto que acabó en la FIFA y en el TAS. Mientras, la deuda global de Suazo ascendía, al comenzar el concurso, a unos 120.000 euros, el 40% de los casi 300.000 que se le adeudaron. Ahora, esos acreedores pueden impugnar esa resolución de la jueza ante la Audiencia Provincial, aunque parece poco probable que lo hagan. De hecho, el Shakhtar o el Milan lo están estudiando, pero ven complicado seguir adelante con el proceso ante las pocas posibilidades de cambiar esa decisión y el tiempo en que tardaría en resolverse.

El Zaragoza, que debía pagar el 2 de julio ese 9%, el 11% en el 2021, el 13% en el 2022, el 16% en el 2023 y el 19% en el 2024 y el 2025, solicitó ese 26 de junio la suspensión del tercer pago del convenio, ”cuyo abono quedaría prorrateado en igual proporción en los pagos restantes a razón del 2% en los 4 siguientes y un 1% en el último (pagaderos en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025) en los que se abonaría el 13%, 15%, 18%, 21% y 20%, respectivamente, del 40% del crédito ordinario en vez de los porcentajes aprobados", argumentó en su solicitud

Esta solicitud de suspensión quedaría sin efecto, procediendo el Real Zaragoza a abonar el tercer pago del convenio antes del 31 de diciembre, si el club pudiese celebrar partidos con público en su estadio y generase los ingresos suficientes por taquillas, abonos e ingresos por derechos televisivos a lo largo de este 2020, lo que no parece nada probable, por no decir imposible, ya que no se prevé público en los estadios hasta el 2021. El otro supuesto era el de ascenso a Primera en la pasada temporada, que no se logró.

Si la solicitud de suspensión del tercer plazo no hubiera sido aceptada, el Real Zaragoza no hubiera tenido más remedio, para evitar la liquidación y el perjuicio para todos sus acreedores, que solicitar la modificación del convenio al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19. La resolución de la jueza evitará ese procedimiento.