"Una violación tras otra de las leyes que protegen al niño". Así definen SOS Racismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y el Consejo General de la Abogacía las devoluciones a Marruecos de menores inmigrantes que el Gobierno practica desde el 2000.

Investigadores de estas tres organizaciones presentaron ayer en Rabat un estudio conjunto que se basa en entrevistas a 28 menores retornados. Según Mercedes Fernández, coordinadora del estudio, la investigación expone los "dramáticos efectos de la devolución para los niños".

Aunque el Estado no ha facilitado cifras oficiales, las ONG han documentado 100 casos de menores expulsados, 60 de ellos en el 2004. Las devoluciones se han hecho sobre todo en el marco del Memorando de Entendimiento entre Marruecos y España para la Repatriación de Menores. La conclusión principal del estudio es que "los retornos no se basan en el interés del menor, sino que han primado intereses políticos y de control de flujos migratorios".

Según el informe, las irregularidades más comunes consisten en no pedir al menor su opinión sobre si desea volver, no informarle a él ni a sus familiares sobre la repatriación y no localizar a sus familias ni determinar si pueden hacerse cargo económicamente de ese niño.

INTERES DEL NIÑO En conjunto, eso supone una violación de la legalidad, pues el Estado ha suscrito la convención internacional de los derechos del niño, que establece que el interés del menor es prioritario.

Fernández aseguró que los chicos devueltos vivieron trances terribles. Recordó el caso de uno que llegó a Motril (Granada) en una patera en que habían muerto cinco compañeros. Inmediatamente fue trasladado en avión hasta Melilla y luego entregado a la policía marroquí. Los agentes le dieron una paliza y le dejaron tirado en la calle, a más de mil kilómetros de Kalaat Seraghna, su ciudad de origen.