El Ayuntamiento de Zaragoza se juega en las próximas semanas algo más que un intenso debate sobre el déficit del servicio Bizi o si la ampliación de la red a todos los distritos es un objetivo de interés general o no. Una discusión que centrará la comisión extraordinaria que se celebra hoy en el consistorio a propósito de los más de 400.000 euros que la empresa Clear Channel exige para reequilibrar su concesión. Ambos retos están íntimamente ligados. Tanto que la decisión de cómo subsanar las pérdidas condiciona la expansión de las estaciones. Tanto que negarse a cubrirlas les conducirá a una pelea en los tribunales.

La multinacional reclamó el cobro de 404.713,74 euros «antes del 31 de diciembre del 2016» con una especie de ultimátum al ayuntamiento en el que la cuantía, referida solo al pasado ejercicio, podía ser solo la punta del iceberg de todo lo que considera que le corresponde. En concreto, casi 4 millones de euros, que es lo que reclamaría en los tribunales si se acaba judicializando este asunto. La razón, ya anunciada por ZeC, es que hace responsable al ayuntamiento del perjuicio que le causó la sentencia judicial que expulsó a los ciclistas de las aceras y que le ha supuesto la pérdida, según sus datos, de 13.000 abonados y de un 30% de los usos. Así, podría extrapolar esa cifra al 2014 --el fallo se hizo efectivo en otoño--, 2015 y a todo lo que resta de contrato, hasta el 2023.

«MALA GESTIÓN» // Siendo optimistas equivale a multiplicar esos más de 400.000 euros a nueve anualidades. La factura sería alta si gana la batalla en el juzgado y la polémica suscitada ahora estalla cuando ZeC pretendía ampliar la red de estaciones a 250 --120 más-- y poner en circulación 2.500 bicis --1.200 más-- en el plazo de tres años. Así que ha tratado de buscar una solución salomónica que ahora le enfrenta a la oposición, que cuestiona su «mala gestión» y duda de la fórmula con la que quiere realizar la expansión a todos los distritos.

Incluso tiene que hacer frente a las dudas jurídicas que entraña tal solución. Su primera inercia fue pagar e impulsar la ampliación pero el interventor ha mostrado reparos a la interpretación que se hace desde el área de Servicios Públicos, más proclives a aceptar el déficit. Diferentes lecturas sobre una cuestión clave: ¿las pérdidas forman parte del riesgo y ventura que acató la empresa a la firma del contrato?

Esta es una cuestión crucial para modificar las condiciones económicas de la concesión en base a una decisión que se remonta al 2011, cuando el éxito del servicio hizo corto el límite de los 29.000 abonados que permitía el contrato y se perseguía dar salida a las más de 20.000 personas que aguardaban en la lista de espera. La ampliación con 30 estaciones y 300 bicis más le supuso a Clear Channel un desembolso de 5,15 millones de euros que recuperaría aumentando en 10.000 más el límite de abonos, hasta 39.000. Y así se mantuvo desde junio del 2011 hasta septiembre del 2014. La sentencia, en el 2014, condujo a una caída imparable, hasta los 25.682 que tenía en diciembre del 2016.

También se introdujeron mejoras, por valor de 3,55 millones, que la empresa recuperaría con la subida de la tarifa. El abono pasaba a costar 7,33 euros más (subió a 26,35). Y nada hacía prever que un servicio dimensionado para 7 usos por bici al día en el 2008, que había alcanzado 13 en el 2011, bajaría a los 10 actuales después de la modificación.