viene de portada El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no tenía otra salida ayer que anunciar la suspensión del proceso para el final dialogado de ETA puesto en marcha el 22 de marzo cuando se conoció el alto el fuego permanente. Después del bárbaro atentado, era imposible que el Ejecutivo hiciera otra cosa que no fuera interrumpir un proceso de diálogo incipiente y plagado de circunstancias adversas. El Congreso de los Diputados había facultado al Gobierno para dialogar con los terroristas siempre que existiera ausencia de violencia e intención inequívoca de que querían abandonar las armas definitivamente. El atentado de ayer, saldado con dos desaparecidos, una veintena de heridos leves y grandes daños materiales, es la evidencia de que ETA ha utilizado el alto el fuego para reafirmar su desafío al Estado democrático.

A diferencia de lo ocurrido en anteriores procesos de pacificación similares con los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar, los terroristas actuaron ayer salvajemente sin que la dirección de ETA diera a conocer, previamente y como había hecho otras veces, que daba por rota la tregua.

Por ello, el atentado cogió por sorpresa al Gobierno. Solo unas horas antes del suceso, Zapatero había realizado un ejercicio de optimismo al augurar que dentro de un año estaríamos mejor que ahora en relación con el terrorismo de ETA. Es evidente que el presidente se equivocó en esa declaración y es previsible que, en consecuencia, le lluevan desde hoy las críticas de quienes siempre estuvieron en contra del proceso. Sin embargo, debe reconocerse al líder del PSOE el arrojo de haberse puesto al frente de una tentativa arriesgada pero que podía haber acabado con la principal lacra del país desde que se instauró la democracia en 1977.

Pero no fue el Gobierno el único sorprendido por la brutal acción de ayer. También Batasuna dio síntomas de no tener preparado un discurso para semejante eventualidad. La comparecencia pública de Arnaldo Otegi tratando de mantener vivo el escenario de diálogo resultó patética. Batasuna perdió ayer la oportunidad histórica de apostar por la vía democrática. El precio que pagará la llamada izquierda aberzale --no parece muy de izquierdas, por cierto, no condenar acciones terroristas contra población indefensa-- será no poder participar en las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo. Que quede claro que si Batasuna no es legalizada es por su antihistórico empecinamiento en no condenar la violencia.

La brutal reaparición de las bombas de ETA indica, por lo demás, que el Gobierno estaba manteniendo su compromiso de que el Estado de derecho no dejaría de funcionar durante la tregua. El atentado viene, curiosamente, a invalidar los argumentos de quienes sostenían que el Estado se había rendido a los terroristas. Sería deseable que el ruido que ha producido el anuncio de contactos con ETA fuera sustituido por un diálogo leal, sincero y todo lo discreto que se quiera entre los dos principales partidos, PSOE y PP.

Porque no hay que olvidar que, aunque hoy cueste decirlo, las condiciones que dieron paso a este proceso pueden volver a repetirse. Y esas condiciones no son otras que el alto el fuego, la inequívoca voluntad de la banda terrorista de abandonar la vía violenta y el compromiso por parte del Estado de no conceder contrapartidas políticas a quienes han querido imponer, de manera tan estéril, como sangrienta, su voluntad política con la pistolas y bombas.