Todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia emitieron ayer su opinión ante el consejero Rogelio Silva, quien en maratonianas reuniones sondeó y explicó a los representantes de los jueces, fiscales, tribunales, abogados y procuradores, entre otros, la intención del Ejecutivo aragonés para resolver de una vez por todas la dispersión de sedes judiciales y la falta de espacio en las mismas. La propuesta, que todavía no ha alcanzado un veredicto aceptado por todos, se orienta a la ampliación de la Audiencia con un nuevo edificio en la calle Galo Ponte y la ubicación de toda la jurisdicción penal en uno de los edificios de la Expo, con 20.000 metros cuadrados. El resto de los órganos judiciales se reorganizará en la sede de la plaza del Pilar, hasta una segunda fase en la que Ranillas sería el destino de la mayoría de centros de la administración judicial. La opción de doble sede no gusta a ninguno de los colectivos. Así convendría planificar en la concentración judicial, independientemente del lugar.
