Nunca antes un Gobierno de España había alcanzado tantos acuerdos con los empresarios y los sindicatos como en estos momentos. Otra vez en el último minuto, pero esta semana se llegó a un nuevo pacto para prorrogar los expedientes de regularización temporal de empleo (ertes) por covid por cuarta vez, hasta final del verano. Nadie dudaba de que tenía que ser así, porque unas 600.000 personas en toda España estaban pendientes de ello y porque soluciones como esta, aunque sean temporales ante muchos problemas estructurales, son la mejor salida ante la crisis económica provocada por la pandemia. Significa, además, que el diálogo social avanza en España pese a todo, pese a quienes auguraban que un gobierno tan de izquierdas como el de PSOE y Unidas Podemos no llegaría nunca a acuerdos con la CEOE. Y ahí, las buenas artes de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de una aragonesa, Rosa Santos, directora de empleo de la patronal española CEOE, tienen mucho que ver.

En cualquier caso, la foto fija del indudable éxito alcanzado con los acuerdos en el diálogo social no debería hacernos olvidar la visión en perspectiva, como la que tienen otros organismos como el Banco de España o la OCDE o centros de estudios de distintas organizaciones y entidades. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ofrecía recientemente un análisis sobre la crisis en el que sostenía que, lejos de ser en forma de V, será larga; en el mejor de los escenarios no se espera la recuperación definitiva hasta 2023. Esto significa que la figura de los ertes va a haber que renegociarla en más ocasiones porque da la impresión que se necesitarán más prórrogas.

Y lo que parece muy evidente es que los más agoreros con esta figura de la prórroga de los ertes por la pandemia han fracasado en sus premoniciones. Decía que eran unas «limitadas disposiciones legales» que iban a impedir que muchas empresas adoptaran las medidas necesarias para su supervivencia. De hecho, hubo economistas que aseguraban que en algunos supuestos esta figura negociada dentro del diálogo social implicaría alargar la agonía de empresas o actividades que ya resultaban inviables. Y no es así. Hay muchas empresas que están sobreviviendo gracias a este modelo de erte y que se han acostumbrado, por pura economía, a tomar decisiones aunque sea a cuatro meses vista y aunque el panorama no esté despejado de incertidumbre a medio plazo. Hubo quien llegó a decir que las actuales prórrogas de los ertes iban a producir una parálisis en la toma de decisiones sobre cómo afrontar esta crisis económica que vivimos. Es difícil pensar ahora, a estas alturas de la situación pandémica, que el hecho de posponer las decisiones empresariales puede generar un efecto negativo en las empresas. No es previsible que cuando el proteccionismo legislativo desaparezca, la destrucción de empleo vaya a resultar masiva. Todo apunta a la contrario, que las estadísticas del empleo empiecen a repuntar en positivo.

Con este panorama, que ya es real, prolongando cuatro meses más la relativa tranquilidad de las empresas y las plantillas en erte, se pone de manifiesto, por si había alguna duda, de que siempre es preferible que las decisiones que toma el Gobierno estén refrendadas por empresarios y sindicatos, por el diálogo social. Y ahora que se esperan nuevas reformas, es bueno tenerlo muy presente. Ahí la figura de la aragonesa Rosa Santos es muy importante porque representa la voz de la patronal. Su experiencia negociadora en Aragón está sirviendo mucho. Fue la primera responsable del Servicio de Arbitraje y Mediación de Aragón, el SAMA, que busca solucionar conflictos entre empresas y sindicatos y cosechó numerosos éxitos. pero luego bajó a la arena política a través del Partido Aragonés (PAR), y aunque no tuvo mucha fortuna electoral, porque la época no era buena para los aragonesistas, tuvo que lidiar bastante en el partido que remaba a ambas bandas. Su buen estilo negociador, así como el de la ministra Díaz, experta también en sortear situaciones complicadas desde las bases de su formación política, Izquierda Unida, han sido claves para todos estos acuerdos laborales.

Y más vale que sigan templadas, porque todo apunta a que en las próximas semanas se van a tener que seguir negociando muchas de las reformas y contrarreformas que se han puesto de manifiesto en todos los ámbitos políticos y económicos. Muchos de esos cambios no gustan --algunos ni en la parte socialista del propio Gobierno central-- pero una gran mayoría de esas medidas deben de suponer una rebaja del estrés que, sobre todo, han sufrido la inmensa mayoría de las pymes que son las que configuran el tejido industrial español. En ocasiones pueden considerarse parches y patadas hacia adelante pero deben ser realmente soluciones estructurales para muchos de los problemas estructurales que se han puesto de manifiesto con la pandemia. Ojalá sea esta la perspectiva que se imponga dentro de unos meses cuando Santos y Díaz, junto con los sindicalistas, tengan de negociar esas reformas y quien sabe si más prórrogas de ertes.